La adversidad de los tiempos actuales presenta a los bolivianos el desafío de superar un sistema de contradicciones internas, que cede a la presión política y económica desde el exterior, y afrontar la responsabilidad de asumir la defensa del Estado, recuperarlo, e iniciar la edificación de un Nuevo Estado Nacional, porque no puede existir conciliación entre los intereses soberanos del Estado boliviano y los intereses antinacionales del modelo neoliberal.
El Estado demoliberal en Bolivia es el resultado de moldes extranjeros defectuosamente adaptados, por lo tanto, inadecuados a nuestra realidad. Este sistema se pretende pluralista, pero siempre se caracterizó por un individualismo al servicio de los intereses mercantiles y partidarios, los cuales recurrieron a la instauración de regímenes despóticos toda vez que los necesitaron, del mismo modo que ahora están desvirtuándose dos necesarios medios de consulta popular, como son la Asamblea Constituyente y el referéndum, para favorecer al exclusivista sistema de partidos.
Para orientar eficazmente el destino de la Nación, tenemos que definir un objetivo superior, hacia el que debería orientarse la reforma constitucional, la Constituyente y el referéndum. El objetivo a señalar será el de erigir un Nuevo Estado, como resultado de principios ideológicamente fundamentados, que respalden a un proyecto nacional trascendental. Con ello, lograr el reordenamiento político y jurídico del sistema y precisar un nuevo orden económico liberador, que repercutan en una transformación social, apuntalada por una revolución educativa y cultural. Una empresa tan comprometida como ésta, debe partir de una comprensión del papel que como país nos corresponde en el orbe internacional y en la historia, en concordancia con el análisis de nuestra realidad nacional y el conocimiento de las posibilidades que nos abren los recursos naturales del territorio boliviano; señalando así las respuestas que mejor convengan a nuestros intereses colectivos.
El proceso liberador de recuperación del Estado será consecuencia de las aspiraciones de toda la sociedad, para que éste cumpla su verdadero rol como el instrumento político de servicio y protección del pueblo. Su realización es posible dentro de un acuerdo entre la sociedad civil, sus instituciones y fuerzas sociales movilizadas para hacer prevalecer la legalidad y los derechos de la colectividad. La defensa del Estado significa desplazar al intervencionismo foráneo y acabar con la supeditación gubernamental a los intereses partidarios y la plutocracia, en busca de las reformas constitucionales que permitan el surgimiento de un régimen de justicia.
La importancia de erigir un Nuevo Estado Boliviano ya fue planteada por el líder nacionalista Oscar Unzaga de la Vega, en el año 1937, al que definió como un Estado Integral, dentro del cual se gestaría el nuevo hombre boliviano, un hombre integral, desarrollándose espiritual y materialmente, sobre la base de valores cristianos. Con este postulado, Unzaga se anticipó a su tiempo por más de medio siglo, y aunque quienes se pretendieron sus sucesores no estuvieron a la altura requerida para realizarlo, defraudándolo por intereses espurios, hoy surge la necesidad de retomar y ampliar esta concepción de Estado, para emprender el proceso de restauración nacional.
El Nuevo Estado que podemos forjar debe estar sustentado en dos principios rectores; uno es el de integralidad, y el otro es el de la institucionalidad. Bajo el principio de integralidad, los diversos aspectos de la vida nacional deben cumplir sus funciones propias, a la vez que sirven al conjunto, relacionándose entre sí, en un todo integrador ordenado por el Estado. En el orden de la institucionalidad, las fuerzas representativas de la sociedad pueden constituirse en partícipes de la actividad del Estado, significando una alternativa mejor que el régimen de partidos. La relación entre estos principios rectores comprende el desarrollo de los medios de producción en función del mejoramiento de la calidad de vida del elemento humano. Las regiones del país, a tiempo de progresar en lo particular, deben conjuncionar sus esfuerzos con las demás, actuando unitariamente, a partir de su diversidad geográfica, cultural y étnica. Esta es la razón por la cual las regiones y fuerzas vivas de la República pueden estar representadas en una Asamblea Nacional, como organismo legislativo que reúna las diferentes expresiones de la sociedad boliviana. Como miembros de la gran comunidad nacional, debemos ser parte de una nueva y auténtica democracia, partiendo del principio de que el individuo no pertenece por naturaleza a partido político alguno, pero si a sus organizaciones originales, como ser la comunidad en la que vive y las labores que desempeña dentro de la sociedad.
El Nuevo Estado Boliviano que erigiremos será equidistante del individualismo capitalista y el despotismo, a tiempo de rechazar toda deificación del Estado, porque será una obra verazmente patriótica, llevada a cabo por la voluntad de ser del pueblo boliviano.
Sergio Portugal Joffre
Fuente: El Diario, decano de la prensa nacional, La Paz, 8 de abril de 2002
El Estado demoliberal en Bolivia es el resultado de moldes extranjeros defectuosamente adaptados, por lo tanto, inadecuados a nuestra realidad. Este sistema se pretende pluralista, pero siempre se caracterizó por un individualismo al servicio de los intereses mercantiles y partidarios, los cuales recurrieron a la instauración de regímenes despóticos toda vez que los necesitaron, del mismo modo que ahora están desvirtuándose dos necesarios medios de consulta popular, como son la Asamblea Constituyente y el referéndum, para favorecer al exclusivista sistema de partidos.
Para orientar eficazmente el destino de la Nación, tenemos que definir un objetivo superior, hacia el que debería orientarse la reforma constitucional, la Constituyente y el referéndum. El objetivo a señalar será el de erigir un Nuevo Estado, como resultado de principios ideológicamente fundamentados, que respalden a un proyecto nacional trascendental. Con ello, lograr el reordenamiento político y jurídico del sistema y precisar un nuevo orden económico liberador, que repercutan en una transformación social, apuntalada por una revolución educativa y cultural. Una empresa tan comprometida como ésta, debe partir de una comprensión del papel que como país nos corresponde en el orbe internacional y en la historia, en concordancia con el análisis de nuestra realidad nacional y el conocimiento de las posibilidades que nos abren los recursos naturales del territorio boliviano; señalando así las respuestas que mejor convengan a nuestros intereses colectivos.
El proceso liberador de recuperación del Estado será consecuencia de las aspiraciones de toda la sociedad, para que éste cumpla su verdadero rol como el instrumento político de servicio y protección del pueblo. Su realización es posible dentro de un acuerdo entre la sociedad civil, sus instituciones y fuerzas sociales movilizadas para hacer prevalecer la legalidad y los derechos de la colectividad. La defensa del Estado significa desplazar al intervencionismo foráneo y acabar con la supeditación gubernamental a los intereses partidarios y la plutocracia, en busca de las reformas constitucionales que permitan el surgimiento de un régimen de justicia.
La importancia de erigir un Nuevo Estado Boliviano ya fue planteada por el líder nacionalista Oscar Unzaga de la Vega, en el año 1937, al que definió como un Estado Integral, dentro del cual se gestaría el nuevo hombre boliviano, un hombre integral, desarrollándose espiritual y materialmente, sobre la base de valores cristianos. Con este postulado, Unzaga se anticipó a su tiempo por más de medio siglo, y aunque quienes se pretendieron sus sucesores no estuvieron a la altura requerida para realizarlo, defraudándolo por intereses espurios, hoy surge la necesidad de retomar y ampliar esta concepción de Estado, para emprender el proceso de restauración nacional.
El Nuevo Estado que podemos forjar debe estar sustentado en dos principios rectores; uno es el de integralidad, y el otro es el de la institucionalidad. Bajo el principio de integralidad, los diversos aspectos de la vida nacional deben cumplir sus funciones propias, a la vez que sirven al conjunto, relacionándose entre sí, en un todo integrador ordenado por el Estado. En el orden de la institucionalidad, las fuerzas representativas de la sociedad pueden constituirse en partícipes de la actividad del Estado, significando una alternativa mejor que el régimen de partidos. La relación entre estos principios rectores comprende el desarrollo de los medios de producción en función del mejoramiento de la calidad de vida del elemento humano. Las regiones del país, a tiempo de progresar en lo particular, deben conjuncionar sus esfuerzos con las demás, actuando unitariamente, a partir de su diversidad geográfica, cultural y étnica. Esta es la razón por la cual las regiones y fuerzas vivas de la República pueden estar representadas en una Asamblea Nacional, como organismo legislativo que reúna las diferentes expresiones de la sociedad boliviana. Como miembros de la gran comunidad nacional, debemos ser parte de una nueva y auténtica democracia, partiendo del principio de que el individuo no pertenece por naturaleza a partido político alguno, pero si a sus organizaciones originales, como ser la comunidad en la que vive y las labores que desempeña dentro de la sociedad.
El Nuevo Estado Boliviano que erigiremos será equidistante del individualismo capitalista y el despotismo, a tiempo de rechazar toda deificación del Estado, porque será una obra verazmente patriótica, llevada a cabo por la voluntad de ser del pueblo boliviano.
Sergio Portugal Joffre
Fuente: El Diario, decano de la prensa nacional, La Paz, 8 de abril de 2002
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