Sergio Portugal Joffre
En todo el tiempo transcurrido, desde la caída del anterior Gobierno en octubre y el tiempo presente, no se ha incurrido más que en dilaciones y confusión de la opinión pública en lo que respecta al problema del gas. En lugar de corregir la descapitalización, dentro de la política de los hidrocarburos, se decidió continuar con el sistema de expoliación, montando una comedia distraccionista.
Los discursos demagógicos oficiales sugirieron algún barrunto de nacionalización, entremezclado con continuismo privatizador. Como se advirtió oportunamente, por parte de las diversas voces de la sociedad nacional, el referéndum propuesto por el que fuera presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue aplicado por su sucesor Carlos Mesa Gisbert como otra maniobra de falsificación de la legalidad. Esto se realizó con financiamiento del Banco Mundial. Son actitudes que demuestran la manipulación interventora sobre nuestra soberana decisión. El resultado fue la maniobra que todos conocemos, la cual consistió en ganar tiempo y aparentar, con atisbos de representatividad, la prosecución de las condiciones ventajosas unilaterales para las petroleras.
Posteriormente este Gobierno ensayó un libreto en el cual presentaba un Proyecto de Ley con un novedoso artilugio, al que rotuló como migración de contratos. Pero la Cámara de Diputados aprobó en grande otro Proyecto de Ley, que compite, a cual más ingenioso, con el del Poder Ejecutivo que, dice, dispone de nuevas condiciones de contrato, que representa alguna forma de imposición, si se quiere emplear esta expresión, sobre las privatizadoras. Al punto, los comités de las logias separatistas, en las ciudades de Santa Cruz y Tarija, mostraron su desacuerdo y aprovecharon para sembrar mayor caos con demandas de autonomía departamental.
Sin embargo, los diputados de estos departamentos, que actúan como agentes de la partidocracia, siempre encargada de desestabilizar la seguridad nacional, efectúan el consabido doble juego de mostrar su oposición al mismo Proyecto de Ley que, pocas horas antes, habían aprobado. Lo curioso es que, pese a las demostradas discrepancias y conflictos de poderes aparentes, el resultado de este sainete es constantemente el mismo: se mantiene la explotación de nuestros pozos hidrocarburíferos en manos de las transnacionales.
Los emisarios de las petroleras y los enviados norteamericanos, en concordancia con sus similes de los organismos internacionales, vienen a nuestro pais a dar las órdenes, para cumplirlas prontamente, sobre lo que deben hacer las autoridades bolivianas a favor de los oligopolios del norte. La presencia reciente de una prominente autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los mejores ejemplos. Las rodillas políticas se doblegan ante las voces de los amos.
Los portavoces del MAS asombraron, y, desde hace poco más de un año, a partir de su inclusión en la nueva adminsitración gubernamental, cuando mudaron de un decidido discurso nacionalizante, al de una variante de la llamada capitalización, no menos entusiasta. Todos ellos quieren convencernos de que invocando los sacrosantos principios del referéndum, en realidad el mantenimiento de la privatización transnacional, bajo un nuevo trato es, bien mirado, una manera de nacionalizar las cosas.
Cada uno de ellos, aunque munido con sus propios argumentos, nos dice en esencia lo mismo; pero no existe la nacionalización, alguna vez sugerida entre dientes. En medio del clima de confusión ocasionado por ellos, han llegado a la incongruente conclusión de que la nacionalización y la enajenación de los hidrocarburos podrían ser casi iguales. Sorprendentes nigromantes, pueden decirnos que recuperar la propiedad estatal sobre los hidrocarburos consiste en mantenerlos en poder de las expoliadoras; y nada menos que con módicas cuotas de traspaso incierto que, en algún momento de nuestra vida republicana, serían convertidas en mitades igualmente convenientes para el Estado nacional y las empresas extranjeras.
La maza congresal se agita para dar el veredicto final, que asegurará la continuidad del proceso expoliador. No asestará un golpe muy fuerte; no sea que espante a la inversión de capitales extranjeros fantasmas. Será, más bien, un golpe, y de soslayo, para legitimar el asalto.
Frente a este tipo de conducta abyecta y claudicante es preciso que los bolivianos sustentemos posiciones definidas y decididas, respecto al sistema antinacional que nos rige y el entreguismo que lo caracteriza.
Sostengamos nuestro nacionalismo como una doctrina de la bolivianidad, frente a la intromisión del capitalismo imperialista. Hay que erigir un Estado nacionalista, desplazando al régimen neoliberal. Defendamos la cohesión nacional, frente a la disgregación entreguista. Nacionalicemos nuestros medios de producción, ante la privatización enajenante de nuestros recursos.
Siempre recordemos que Bolivia unida, jamás será vencida.
En todo el tiempo transcurrido, desde la caída del anterior Gobierno en octubre y el tiempo presente, no se ha incurrido más que en dilaciones y confusión de la opinión pública en lo que respecta al problema del gas. En lugar de corregir la descapitalización, dentro de la política de los hidrocarburos, se decidió continuar con el sistema de expoliación, montando una comedia distraccionista.
Los discursos demagógicos oficiales sugirieron algún barrunto de nacionalización, entremezclado con continuismo privatizador. Como se advirtió oportunamente, por parte de las diversas voces de la sociedad nacional, el referéndum propuesto por el que fuera presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue aplicado por su sucesor Carlos Mesa Gisbert como otra maniobra de falsificación de la legalidad. Esto se realizó con financiamiento del Banco Mundial. Son actitudes que demuestran la manipulación interventora sobre nuestra soberana decisión. El resultado fue la maniobra que todos conocemos, la cual consistió en ganar tiempo y aparentar, con atisbos de representatividad, la prosecución de las condiciones ventajosas unilaterales para las petroleras.
Posteriormente este Gobierno ensayó un libreto en el cual presentaba un Proyecto de Ley con un novedoso artilugio, al que rotuló como migración de contratos. Pero la Cámara de Diputados aprobó en grande otro Proyecto de Ley, que compite, a cual más ingenioso, con el del Poder Ejecutivo que, dice, dispone de nuevas condiciones de contrato, que representa alguna forma de imposición, si se quiere emplear esta expresión, sobre las privatizadoras. Al punto, los comités de las logias separatistas, en las ciudades de Santa Cruz y Tarija, mostraron su desacuerdo y aprovecharon para sembrar mayor caos con demandas de autonomía departamental.
Sin embargo, los diputados de estos departamentos, que actúan como agentes de la partidocracia, siempre encargada de desestabilizar la seguridad nacional, efectúan el consabido doble juego de mostrar su oposición al mismo Proyecto de Ley que, pocas horas antes, habían aprobado. Lo curioso es que, pese a las demostradas discrepancias y conflictos de poderes aparentes, el resultado de este sainete es constantemente el mismo: se mantiene la explotación de nuestros pozos hidrocarburíferos en manos de las transnacionales.
Los emisarios de las petroleras y los enviados norteamericanos, en concordancia con sus similes de los organismos internacionales, vienen a nuestro pais a dar las órdenes, para cumplirlas prontamente, sobre lo que deben hacer las autoridades bolivianas a favor de los oligopolios del norte. La presencia reciente de una prominente autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los mejores ejemplos. Las rodillas políticas se doblegan ante las voces de los amos.
Los portavoces del MAS asombraron, y, desde hace poco más de un año, a partir de su inclusión en la nueva adminsitración gubernamental, cuando mudaron de un decidido discurso nacionalizante, al de una variante de la llamada capitalización, no menos entusiasta. Todos ellos quieren convencernos de que invocando los sacrosantos principios del referéndum, en realidad el mantenimiento de la privatización transnacional, bajo un nuevo trato es, bien mirado, una manera de nacionalizar las cosas.
Cada uno de ellos, aunque munido con sus propios argumentos, nos dice en esencia lo mismo; pero no existe la nacionalización, alguna vez sugerida entre dientes. En medio del clima de confusión ocasionado por ellos, han llegado a la incongruente conclusión de que la nacionalización y la enajenación de los hidrocarburos podrían ser casi iguales. Sorprendentes nigromantes, pueden decirnos que recuperar la propiedad estatal sobre los hidrocarburos consiste en mantenerlos en poder de las expoliadoras; y nada menos que con módicas cuotas de traspaso incierto que, en algún momento de nuestra vida republicana, serían convertidas en mitades igualmente convenientes para el Estado nacional y las empresas extranjeras.
La maza congresal se agita para dar el veredicto final, que asegurará la continuidad del proceso expoliador. No asestará un golpe muy fuerte; no sea que espante a la inversión de capitales extranjeros fantasmas. Será, más bien, un golpe, y de soslayo, para legitimar el asalto.
Frente a este tipo de conducta abyecta y claudicante es preciso que los bolivianos sustentemos posiciones definidas y decididas, respecto al sistema antinacional que nos rige y el entreguismo que lo caracteriza.
Sostengamos nuestro nacionalismo como una doctrina de la bolivianidad, frente a la intromisión del capitalismo imperialista. Hay que erigir un Estado nacionalista, desplazando al régimen neoliberal. Defendamos la cohesión nacional, frente a la disgregación entreguista. Nacionalicemos nuestros medios de producción, ante la privatización enajenante de nuestros recursos.
Siempre recordemos que Bolivia unida, jamás será vencida.
Fuente: El Diario, decano de la prensa nacional, La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2004
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