Sergio Portugal Joffre
La postergación en la que vive Bolivia no es el resultado de una sucesión de hechos fortuitos aislados en su historia, sino el de una secuencia acometida en contra de su integridad como Estado, perpetrada a través de la instauración de diferentes regímenes inspirados desde el exterior, desde tiranías movimientistas caracterizadas por su corrupción, miltarismos estériles basados en la represión y corrientes marxistas que intentaron dividir nuestra sociedad con el terrorismo y la lucha de clases. Sus representantes aplicaron políticas estatizadoras fraudulentas, con las cuales expoliaron al Estado hasta casi agotarlo; los mismos que más tarde se tornaron en los máximos exponentes del anti-estatismo privatizador. Ahora todos ellos a una sola voz propugnan, empleando eufemismos, la entrega de nuestra soberanía y la reducción del Estado por sometimiento a las potencias globalizadoras predominantes en el libre mercado.
La permanente agresión que sufre el Estado boliviano también se trasluce en las acciones y declaraciones públicas de ciertos políticos bolivianos, funcionarios de gobierno y representantes de los poderes internacionales establecidos en nuestro país, quienes por esta conducta deberían ser sancionados por violar la Constitución Política del Estado, contraviniendo sus mandatos, al vulnerar nuestros derechos soberanos y poner en peligro la integridad nacional. Pero estamos gobernados por élites que acostumbran transgredir las leyes del país, guarecidas en la impunidad que les garantiza su poder político y económico.
Estos emisarios de la dominación, nacionales y extranjeros, argumentan que en Bolivia no hay Estado y que no fuimos capaces de formar un Estado Nacional. Sin embargo tal consigna (porque es una consiga y no el resultado de un análisis imparcial, además de ser un comportamiento vergonzoso en cualquier individuo indigno de ser considerado como boliviano) es utilizada precisamente por los ejecutores del gran desastre nacional y sus herederos, quienes quieren imponernos, a manera de recomendación, que los países pobres deberán ``ceder algo de su soberanía'' y que ``Bolivia debe revisar su concepto de soberanía''. Fue nada menos que el propio Presidente de la República de Bolivia, de quien se suponía que sería el resguardo de la dignidad del país, el que declaró en la última Cumbre de Países Latinoamericanos, reunida en la ciudad de Lima, que el concepto de soberanía sea un asunto obsoleto.
La realidad es que existe un Estado, pero está bajo un sistema individualista que lo hace manipulable para los fines que persigue la plutocracia partidista criolla, constituida en la quinta columna del imperialismo.
Como se trata de un sistema inadecuado para Bolivia, el efecto que produce es el del perjuicio para el progreso de los demás departamentos del interior del país, debido a un insuficiente apoyo material por parte del poder central, provocando el surgimiento de tendencias regionalistas en el occidente y el oriente del país, instrumentadas por intereses particulares, los cuales, munidos de la socorrida consigna de que no se pudo solucionar el problema de conformar un Estado Nacional, agitan banderas locales frente a la tricolor boliviana. Emplean slogans propagados irresponsablemente, que demandan la autonomía regional política, administrativa y financiera; descentralización administrativa, desconcentración del poder político, pensando en un futuro federalismo que concluiría abatiendo a un Estado débil, para degenerar en una desintegración nacional, tan sólo equiparable a la confesada pretensión de Felipe Quispe de destruir a Bolivia.
Podemos apreciar que hay una fatal relación entre estos aspectos, como la limitación del Estado, cuyo espacio es ocupado progresivamente por un poder financiero hipertrofiado, para dar lugar al intervencionismo foráneo, empobreciéndonos económicamente y desactivando nuestra capacidad productiva, para consumar con el disgregacionismo regionalista esta línea de atentados que lleva a la desarticulación del Estado boliviano.
Estando la seguridad nacional en peligro, corresponde a la sociedad civil, con sus instituciones, fuerzas sociales y en todas las regiones del interior, actuar por la recuperación del Estado bajo el principio cohesionante del bolivianismo, promoviendo un proceso de transformación integral del sistema que nos conduzca a edificar un Nuevo Estado Nacional.
La postergación en la que vive Bolivia no es el resultado de una sucesión de hechos fortuitos aislados en su historia, sino el de una secuencia acometida en contra de su integridad como Estado, perpetrada a través de la instauración de diferentes regímenes inspirados desde el exterior, desde tiranías movimientistas caracterizadas por su corrupción, miltarismos estériles basados en la represión y corrientes marxistas que intentaron dividir nuestra sociedad con el terrorismo y la lucha de clases. Sus representantes aplicaron políticas estatizadoras fraudulentas, con las cuales expoliaron al Estado hasta casi agotarlo; los mismos que más tarde se tornaron en los máximos exponentes del anti-estatismo privatizador. Ahora todos ellos a una sola voz propugnan, empleando eufemismos, la entrega de nuestra soberanía y la reducción del Estado por sometimiento a las potencias globalizadoras predominantes en el libre mercado.
La permanente agresión que sufre el Estado boliviano también se trasluce en las acciones y declaraciones públicas de ciertos políticos bolivianos, funcionarios de gobierno y representantes de los poderes internacionales establecidos en nuestro país, quienes por esta conducta deberían ser sancionados por violar la Constitución Política del Estado, contraviniendo sus mandatos, al vulnerar nuestros derechos soberanos y poner en peligro la integridad nacional. Pero estamos gobernados por élites que acostumbran transgredir las leyes del país, guarecidas en la impunidad que les garantiza su poder político y económico.
Estos emisarios de la dominación, nacionales y extranjeros, argumentan que en Bolivia no hay Estado y que no fuimos capaces de formar un Estado Nacional. Sin embargo tal consigna (porque es una consiga y no el resultado de un análisis imparcial, además de ser un comportamiento vergonzoso en cualquier individuo indigno de ser considerado como boliviano) es utilizada precisamente por los ejecutores del gran desastre nacional y sus herederos, quienes quieren imponernos, a manera de recomendación, que los países pobres deberán ``ceder algo de su soberanía'' y que ``Bolivia debe revisar su concepto de soberanía''. Fue nada menos que el propio Presidente de la República de Bolivia, de quien se suponía que sería el resguardo de la dignidad del país, el que declaró en la última Cumbre de Países Latinoamericanos, reunida en la ciudad de Lima, que el concepto de soberanía sea un asunto obsoleto.
La realidad es que existe un Estado, pero está bajo un sistema individualista que lo hace manipulable para los fines que persigue la plutocracia partidista criolla, constituida en la quinta columna del imperialismo.
Como se trata de un sistema inadecuado para Bolivia, el efecto que produce es el del perjuicio para el progreso de los demás departamentos del interior del país, debido a un insuficiente apoyo material por parte del poder central, provocando el surgimiento de tendencias regionalistas en el occidente y el oriente del país, instrumentadas por intereses particulares, los cuales, munidos de la socorrida consigna de que no se pudo solucionar el problema de conformar un Estado Nacional, agitan banderas locales frente a la tricolor boliviana. Emplean slogans propagados irresponsablemente, que demandan la autonomía regional política, administrativa y financiera; descentralización administrativa, desconcentración del poder político, pensando en un futuro federalismo que concluiría abatiendo a un Estado débil, para degenerar en una desintegración nacional, tan sólo equiparable a la confesada pretensión de Felipe Quispe de destruir a Bolivia.
Podemos apreciar que hay una fatal relación entre estos aspectos, como la limitación del Estado, cuyo espacio es ocupado progresivamente por un poder financiero hipertrofiado, para dar lugar al intervencionismo foráneo, empobreciéndonos económicamente y desactivando nuestra capacidad productiva, para consumar con el disgregacionismo regionalista esta línea de atentados que lleva a la desarticulación del Estado boliviano.
Estando la seguridad nacional en peligro, corresponde a la sociedad civil, con sus instituciones, fuerzas sociales y en todas las regiones del interior, actuar por la recuperación del Estado bajo el principio cohesionante del bolivianismo, promoviendo un proceso de transformación integral del sistema que nos conduzca a edificar un Nuevo Estado Nacional.
Fuente: El Diario, decano de la prensa nacional, La Paz, Bolivia, enero 2002
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