1. Acerca de la territorialidad.
La territorialidad es el límite geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Este es un concepto que debemos tener muy en cuenta, al considerar los temas que hoy ocupan a los actores políticos extranjeros y nacionales, en relación con nuestro país, e, incluso, con las naciones del mundo; por cuanto afectan a la soberanía, existencia y seguridad nacionales. Me refiero a los temas como el neoliberalismo, la globalización, la conformación de bloques internacionales e intervencionismo extranjero; los cuales se traducen en corrientes ideológicas y acciones políticas externas e internas sobre un país, que buscan violar las soberanías nacionales, así como suscitar tendencias hacia la disgregación interna de una sociedad.
Este problema es el que está sucediendo con Bolivia, a través de las autonomías regionales, departamentales e indígenas, que están interactuando con el recientemente instaurado estado plurinacional. Agentes nacionales, empujados por elementos extranjeros, son quienes están atentando contra la existencia de Bolivia, modificando inclusive, el significado de territorialidad; de manera que este sea aplicado en el exclusivo sentido de la soberanía que una etnia o las gobernaciones locales ejerzan sobre la región que habitan, como si ya se tratase de una territorialidad con soberanía propia, que pueda discutir la autoridad del Estado nacional.
2. Los principales problemas y obstáculos para las autonomías regionales y departamentales.
Los problemas que presentan las autonomías regionales y departamentales son tres. El primero, es de índole política; el segundo, es de tipo socioeconómico; y, el tercero, es de origen jurídico.
El obstáculo político se presenta mediante el actual gobierno de Evo Morales, el cual trata de absorber las gobernaciones departamentales y erradicar a los gobernadores opositores, centralizando, de todos modos, el poder. La Ley transitoria de las autonomías es un ejemplo de ello, en consonancia con los juicios anunciados contra los gobernadores electos de Beni, Pando y Santa Cruz. Esto está acompañado de un equilibrio político que se ha presentado entre oficialismo y oposición, al contraponerse mutuamente en las gobernaciones y alcaldías, con las autoridades que las encabezan y las asambleas departamentales y los concejos municipales.
El segundo problema, que es de naturaleza socioeconómica, se presenta con la inconmovible realidad de que el estado plurinacional y los gobiernos autonómicos no son capaces, ni lo serán en el futuro; de solucionar los urgentes problemas de pobreza, desempleo, salarios bajos, vivienda, las mejoras en educación, servicios, justicia y toda la situación de debacle económica y social en Bolivia. Las autonomías regionales y departamentales no son las panaceas para solucionar problema alguno en Bolivia; sino por el contrario, ya los están profundizando. En realidad, todo el despliegue demagógico de realizar referéndums, constituyente, elecciones de todo y por nada, no ha sido más que una cortina de humo que, además de buscar la autodestrucción nacional, sólo quiere encubrir la ruinosa situación material en la cual todavía se encuentra nuestra Nación. Por supuesto, pese a ello, las autonomías regionalistas seguirán siendo instrumentos destructivos en manos de los intereses políticos de sus operadores.
El tercer problema se plantea con la cuestión de la legalidad de las autonomías; pues, no debemos perder de vista que todo el proceso de las autonomías locales, la Asamblea Constituyente, los referéndums y los estatutos departamentales; se ha llevado a cabo en medio de actos delictivos, masacres, fraudes electorales sin resolver, sin un Tribunal Constitucional que vele por la legalidad del proceso 2005-2010, violando el gobierno la misma convocatoria presidencial a la Constituyente, actos atentatorios contra la CPE vigente desde el año 2004, rebelión de las Cortes Departamentales Electorales contra la Corte Nacional Electoral y que el año 2009 el Congreso Nacional hubiera tomado las atribuciones constitucionales que le correspondían a la Asamblea Constituyente para aprobar la nueva Constitución Política del Estado; sólo por citar los más relevantes, en un somero recuento general.
Si en Bolivia existiera un verdadero Estado de Derecho, el cual no existe desde hace muchas décadas; estos hechos deberían ser investigados, nombrarse comisiones fiscalizadoras y reclamar por todos los actos delictivos que se cometieron, por parte del gobierno y de la oposición; pero, no existe un auténtico régimen de justicia, ni las instituciones encargadas por Ley que estuvieran dispuestas a hacerlo. En su lugar, lo que existe es un régimen de impunidad, complicidad, encubrimiento mutuo y de corrupción; tanto en el actual gobierno como en los anteriores, sean estos democráticos o dictatoriales, civiles o militares.
En consecuencia, el llamado estado plurinacional, su constitución y las autonomías localistas, deberían ser nulos de pleno derecho y sujetarse los culpables a juicios de responsabilidades y penales. Los protagonistas de estos hechos, son, entre estas cosas, culpables de haber cometido actos anticonstitucionales que comprometen a los componentes de los tres poderes del Estado.
3. No es conveniente que en el país existan autonomías regionales y departamentales.
Este punto, por su importancia, requiere que lo exponga con alguna amplitud, que nos permita comprender con mayor precisión, el contexto de hacia dónde se dirigen las autonomías regionales y departamentales en Bolivia.
Para responder a esta pregunta, consideremos si se conocen o no los objetivos hacia los cuales nos deberían dirigir las autonomías regionales y departamentales, y veremos que son desconocidos para la población boliviana; por la sencilla razón que no se orientan a rumbo alguno, como no sea el de propiciar la disgregación nacional. Sobre esta apreciación y la respuesta que presenté a las dos preguntas anteriores, quiero decir que existen tres aspectos fundamentales que debemos considerar, para analizar el tema de las autonomías.
Estos tres aspectos son: el factor geopolítico nacional, la realidad socioeconómica de Bolivia y el problema de la desarticulación nacional.
El aspecto geopolítico. Al aclarar conceptos, diré que la geopolítica es una ciencia nueva que estudia el rol histórico de la Nación y el Estado, en relación con la influencia del factor geográfico, para diseñar una política de poder nacional y una política internacional. Bolivia es una Nación Estado que ocupa el centro geoestratégico sudamericano; la cual es una posición geográfica que, como núcleo de una masa subcontinental, le ha posibilitado concentrar una integralidad de diversos recursos naturales, en el orden agrícola, mineral, energético e hidrográfico y una gran variedad climática y étnica. Las autonomías pasan por alto esta cualidad geopolítica de centro geoestratégico, concentración de riquezas e integralidad geográfica del territorio boliviano; provocando la dispersión, en lugar de la integración territorial.
Por razones eminentemente geopolíticas, Bolivia requiere de un Estado integrador para dominar este territorio nuclear, diverso y rico; con el fin de promover la producción, industrialización de recursos, generación de fuentes laborales y consiguiente política de comercio exterior. Esa misma condición de núcleo central geográfico, le ha proporcionado a Bolivia la triple condición hidrográfica de pertenecer a las cuencas altiplánica, amazónica y rioplatense; una situación que no tienen las naciones que nos circundan. Asimismo, nuestro territorio nuclear geoestratégico se encuentra en una posición de acceder a los océanos Atlántico y Pacífico, por aquellos brazos hidrográficos. Esto caracteriza a nuestra Nación como andina, amazónica y rioplatense.
Sobre estas bases geopolíticas, nuestro país tiene las condiciones naturales para realizar su rol histórico de núcleo geoestratégico subcontinental, para dirigirse a representar un importante centro de influencia y equilibrio de poder sudamericano. Pero, las autonomías regionales y departamentales se dirigen a frustrar el cumplimiento de este rol histórico central y equilibrador; al representar la dispersión de esfuerzos y dinero, desperdiciados en los localismos, y promoviendo la disgregación y consiguiente desmembramiento territorial de Bolivia. Como Nación, necesitamos, más bien, que existiese un trabajo de integración entre el Estado y las regiones; para emprender unitariamente nuevos proyectos de desarrollo nacional, en armonía con el desarrollo regional y departamental.
La realidad socioeconómica de Bolivia. En lo referente al segundo aspecto, toda nueva forma de organización política del sistema que se implante en un país, debe ser dirigida para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Bolivia no está en condiciones de asumir formas de organización política y administrativas insustanciales, que a nada eficaz se dirijan. Entonces, preguntémonos si la implantación de las autonomías regionales y departamentales, tendrán como efecto la transformación social y económica de la Nación; es decir, que se oriente hacia algún objetivo trascendental. Preguntemos a los que se encargaron de promover las autonomías, junto con el estado plurinacional, si estas dos medidas políticas van a solucionar el problema de la productividad, el desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el éxodo de los bolivianos hacia otros países buscando cómo subsistir, etc. Porque, un régimen que se titula como plurinacional, junto con las autonomías, no son útiles en modo alguno si no van a impactar en la solución de nuestro retraso económico.
Por lo tanto, plurinacionalidad y autonomías pueden sonar muy bien en el vocabulario político, pero son absolutamente inútiles; porque no generarán empleo, no erradicarán la pobreza social, no nos sacarán del subdesarrollo, ni solucionarán otro gran problema nacional como es el de generar un mercado laboral para los profesionales en sus diferentes disciplinas; y, en consecuencia, no llevarán a la Nación boliviana al cumplimiento de su rol histórico. Por lo pronto, el resultado social y económico de todo el proceso plurinacional de la izquierda masista y autonómico de la derecha opositora; es que se desenvolvieron en medio de una situación, cuyo resultado fue que la pobreza aumentó en Bolivia en un 50% y el mercado laboral quedó paralizado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; como lo publicaron los medios de difusión y los analistas económicos, el 3 de marzo de 2010. Es decir, que, en lugar de avanzar hemos retrocedido; esto es lo que jamás reconocerán los portavoces de oficialismo y oposición; quienes no son otra cosa que los continuadores del modelo neoliberal, el cual causó tanto daño económico a nuestra Nación. Preguntémonos algo más; como por ejemplo ¿para quienes mejoraron las condiciones económicas de vida, en estos cuatro años de fiesta autonómica; si para los dirigentes cívicos y los políticos autonomistas o para la población? Por eso, sostengo que jamás será conveniente la existencia de las autonomías regionales y departamentales para Bolivia.
Cuando fue inaugurado el modelo neoliberal en 1985, bajo los auspicios de la partidocracia compuesta en aquél entonces, por MNR, ADN, MIR y sus demás asociados; lo hicieron con un gran despliegue de alardes triunfalistas. Los administradores del poder, en aquel tiempo, dirigidos por el economista norteamericano Jeffrey Sachs, experto del Fondo Monetario Internacional (FMI), nos dijeron que los resultados de sus enormes beneficios hipotéticos para todos los bolivianos, serían evidentes en veinte o veinticinco años. Sin embargo, el resultado que arrojó este modelo, que, aún con Evo Morales y el MAS en el poder, continúa vigente; fue el crecimiento de la pobreza, el desempleo, cierre de empresas públicas y privadas; además de hundirnos en el subdesarrollo, junto con movilizaciones sociales cotidianas y el saqueo de nuestro patrimonio nacional. Por añadidura, los mismos perpetradores del modelo neoliberal, como Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvieron que huir del país, ante el descontento social cada vez más creciente, con las movilizaciones sociales que se efectuaron en octubre del año 2003. Tal es la farsa de siempre en Bolivia, que nos presentan sistemas políticos con ilusorios resultados a plazo impreciso; para que la población no vea las consecuencias presentes, a mediano y largo plazo; que siempre son desastrosas para nuestro país; porque son dirigidas desde el extranjero, exclusivamente para satisfacer los intereses foráneos y el de sus agentes nacionales.
Manteniendo aquella continuidad, los mismos partidos políticos, hoy reciclados y actuando con diversos disfraces; promueven el modelo de las autonomías con un impresionante despliegue de dinero y gran fanfarria; sin embargo, ya nos están entregando un país dividido, con inseguridad ciudadana y en mayor dependencia y subdesarrollo. Han convertido a las autonomías en el nuevo tipo de anzuelo para pescar incautos que los respalden, sin importarles las consecuencias de lo que hoy están haciendo contra Bolivia.
El modelo neoliberal plurinacional y autonómico en Bolivia, como disgregador. Lo que estamos viviendo hoy, con las autonomías y el estado plurinacional, no es otra cosa que una secuencia que forma parte del proceso destructivo nacional iniciado en 1952, por el MNR; el mismo partido, que, junto con sus derivados, como MIR, ADN y la partidocracia reinante de izquierda y derecha, son los autores del modelo neoliberal. Ahora, este proceso continúa con la implantación del modelo autonómico, realizado por los mismos instrumentos políticos. Y, no es casualidad, que también, ayer como hoy, el Departamento de Estado norteamericano, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros poderes internacionales; sean quienes promuevan y apoyen la instauración de su reciente modelo neoliberal plurinacional y autonómico en Bolivia.
Las autonomías regionales y departamentales son un instrumento de divisionismo y consiguiente desarticulación de Bolivia, según la doctrina chilena de la “polonización de Bolivia”, ya preconizada por el poder plutocrático y político de Chile, en el siglo XIX. Es un trabajo de confrontación interna que se está desarrollando dentro de nuestro país, para parcelarnos regionalmente y entregar paulatinamente porciones de nuestro territorio, en manos de las potencias sudamericanas que nos rodean, así como para las potencias centrales del planeta, sus empresas transnacionales y los organismos internacionales creados por estas. Este es un trabajo que se viene realizando en diferentes etapas históricas de nuestra República, incluso antes de nuestra propia existencia fundacional en 1825. No es por eso, casualidad, que, al promover las autonomías, los grupos de agitación empleasen las consignas de conseguir la independencia de los departamentos; como si se tratase de lograr la independencia de naciones separadas de Bolivia. Asimismo, estos promotores albergan en las prefecturas y los movimientos cívicos a personajes que, desde hace varios años, lanzan consignas separatistas públicas, escriben libros sobre pretendidas emancipaciones de Tarija y los departamentos del oriente boliviano, y, contra la existencia misma de Bolivia como Nación.
Es por ello, que las autonomías están siendo ejecutadas junto con la implantación del estado plurinacional. En el proceso actual, se está llevando a cabo una labor de desbolivianización de nuestra nacionalidad, empleando diversas estratagemas; como la de estancarnos en el subdesarrollo, generar mayor caos social interno, someternos a la pobreza, la dependencia extranjera y la deuda externa; y, vivir en la incertidumbre, junto con la confrontación regional, entre ciudades como La Paz y Sucre, de facciones políticas y de odio racial, cualquiera que fuera su origen.
El estado plurinacional y sus autonomías han sido edificados sobre la ilegalidad, la anarquía y los cadáveres de sus víctimas en Sucre, El Porvenir y otros lugares de nuestro país.
No es tampoco fortuito, que esta desbolivianización sea operada, buscando reemplazar, incluso, a la bandera tricolor boliviana, con banderas locales y la llamada “wiphala”; la cual no es otra cosa que una bandera ajedrezada, empleada por los tercios reales españoles, durante la colonia. Es decir, una bandera colonialista, a la que se hace pasar por autóctona; para desplazar a nuestro auténtico símbolo ancestral y nacional, como es la tricolor boliviana, cuyos colores fueron inspirados en las flores autóctonas, la kantuta y el patujú; que representan, cada una, al occidente y el oriente respectivamente, y son, por consiguiente, nuestros emblemas originarios de la unidad nacional.
Como se puede ver, existen amenazas extranjeras alrededor de nuestro país, que buscan aquella captura de nuestros recursos naturales, como son el hierro, litio, cobre, estaño, gas, riquezas agrícolas, recursos hídricos y energéticos y toda la diversidad de riquezas que caracterizan a Bolivia. Por estas razones, no conviene tener un Estado dividido en regiones autonomizadas, porque ello nos lleva hacia la dispersión de esfuerzos políticos y sociales y de recursos materiales. Debemos, más bien, considerar que necesitamos regirnos por un Sistema Integral, que transforme toda la vida nacional, con su economía, la productividad y sus efectos en la construcción de una sociedad boliviana regenerada y unida.
4. Diferencia entre una descentralización política administrativa de una autonomía.
Debemos comprender que la descentralización política administrativa se refiere al sistema político y económico que opera la transferencia de la autoridad del Estado sobre diversas entidades públicas, servicios, recursos naturales y bienes gubernamentales; para disponerlos en manos de entidades privadas y administraciones locales.
En el caso de una autonomía, se trata de que diversas regiones del país, que varían según como se organice una Nación, tales como departamentos, provincias, municipios u otras subdivisiones territoriales; adquieran un nuevo tipo de gobierno local, con estatutos y administración propios, que elige sus propias autoridades y se encarga de administrar las entidades públicas, servicios y recursos que antes se encontraban en manos de un gobierno central.
Indudablemente, la descentralización política administrativa del Estado puede desarrollarse de acuerdo con las autonomías locales y encaminarse a establecer un sistema federal de gobierno. Por lo tanto, una descentralización, autonomías y federalización pueden variar en el sistema aplicado a un país de otro; estableciendo los mismos las condiciones en que deben funcionar; que pueden ser variantes entre mayor o menor grado de descentralización, autonomías o federalismo.
5. ¿Podría implementarse en el país algún otro modelo que sea compatible con las autonomías regionales y departamentales, tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural de sus habitantes?
En realidad, veo que cualquier modelo que pudiera instaurarse en Bolivia, como podría ser el caso del federalismo; al cual los detentadores del poder internacional procurarían llevarnos, después de la actual implantación de las autonomías regionales y departamentales; no es compatible con la delicada situación en la que se encuentra nuestra Nación, con los peligros internos y externos que se ciernen sobre ella.
Por el contrario, la diversidad étnica y cultural de Bolivia es una ventaja que se nos presenta como pueblo, con el fin de integrar a todos los habitantes de nuestro territorio, en todas sus razas, regiones y clases sociales; con el fin de dirigirnos hacia los objetivos nacionales que debemos diseñar, para actuar unitariamente en pos de un propósito común, que es el de regenerarnos, superarnos y fortalecernos nacionalmente.
Esta pluralidad étnica y cultural tiene que ser el germen de la integración nacional, actuando sobre nuestra variada geografía y climatología; en la que los hombres de Bolivia construyan una sociedad cohesionada, que actúe en cada región del país, para producir una revolución política, económica, social, cultural, educativa y moral, que nos proyecte incluso, internacionalmente.
Es decir, frente al actual estado plurinacional y autonómico disgregador, debemos edificar un Nuevo Estado Integral y cohesionador de nuestra nacionalidad.
6. Aspectos negativos que deberían evitarse en el caso de una aplicación de las autonomías en Bolivia.
Veamos que junto con la instauración de las autonomías en Bolivia, los manipuladores de esta situación, han provocado artificialmente los enfrentamientos entre La Paz y Sucre; así como la confrontación regionalista entre el oriente y el occidente, en concordancia con el incentivo del odio racial entre los bolivianos. También observemos que la neo oligarquía partidocrática en el oriente, quiso utilizar el camino de la sedición, con el grupo de Eduardo Rozsa, por ejemplo; para llevar a cabo sus propósitos separatistas, que tantas veces ha declarado con descaro.
Estando ya en proceso el problema de las autonomías, es preciso que en Bolivia sea generada una nueva conciencia nacional, que trabaje por la erradicación de los vicios de disgregación nacional, que describo en el anterior párrafo.
Lo anteriormente dicho nos conduce, asimismo, a concluir que Bolivia corre el peligro de ser la víctima de las fuerzas sectarias de oficialismo y oposición; quienes ya en toda la vida política del país demostraron su carácter corruptible y antinacional; una conducta que, por supuesto, no nos garantiza que fuera a ser diferente en la siguiente etapa de gobiernos autonómicos. Por ello, los vicios en la aplicación de las autonomías regionales, conllevaría los siguientes riesgos para el país:
Feudos económicos locales. Llevar a la conversión de cada departamento o región autonomizados, en feudos económicos controlados por las oligarquías o caciques sindicales locales, los cuales actuarían en correspondencia con la partidocracia dominante del lugar, bajo la protección del gobierno prefectoral departamental o la entidad regional de que se trate. Esto puede incluir la explotación empresarial sobre los trabajadores con protección prefectoral, y un mismo tipo de explotación, como la que aún no halla solución gubernamental, en el área agrícola de ciertas zonas del trópico, que ha sido callado una vez más.
La verdadera cara del llamado poder local. Que la toma de gobiernos departamentales y regionales autónomos, sean en realidad una nueva forma de convertirse en un botín político y económico. En el anterior régimen centralizado, las prefecturas constituían un objetivo codiciable en las elecciones generales; porque mediante las alianzas políticas nacionales, los vencedores lograban acomodarse en las instituciones públicas locales y obtener cuotas de poder, para beneficiar los intereses personales y sectarios que estuvieran de turno; pero, eso si, regidos por el gobierno central al cual estuvieren sujetos, como resultado de los comicios. En cambio hoy, la nueva situación les ofrece otra manera de lograr acceder al control de las prefecturas y sus respectivas regiones, constituyéndose en un nuevo tipo de poder localista.
Poder local sin poder nacional. En Bolivia no se ha construido el poder nacional, el cual, en términos de geopolítica, significa ejercer el dominio sobre el propio territorio nacional y generar transformaciones en el empleo de sus recursos naturales, para elevar la calidad de vida de la población y repercutir en el campo internacional; así pues, el poder nacional se expresa en el orden interno y externo. Es decir, que, el actual gobierno y los regímenes anteriores, no fueron capaces de generar este poder nacional, o no lo quisieron hacer; dejándonos una Nación en estado de peligrosa debilidad interior y exterior.
En contraposición, lo que se está cometiendo es la demagogia de generar un llamado poder departamental, regional, e, incluso, étnico, exclusivamente político; que no está basado en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población local y que no alentará la productividad.
Esto significa que la partidocracia de izquierda y derecha nos estaría convirtiendo en un conglomerado de departamentos y regiones retrasadas económicamente, con gobiernos autónomos a cargo de pobladores en estado de ignorancia y pobreza; y a esto se le ha dado el gran nombre de “poder regional”. Lo que nos llevaría a una situación peligrosa, en que este “poder local” desafiaría a cualquier gobierno nacional, como ya comenzó a ocurrir con los casos de la denominada “media luna” o el aún más reciente, como fue el asesinato de cuatro policías por los comunarios de Uncía, en Potosí. Como no se ha edificado el Poder Nacional, este está siendo reemplazado por un poder local que ya aprovecha de la corrupción funcionaria, el subdesarrollo y de la pobreza socioeconómica reinante en nuestro país.
Frente a ello, en términos geopolíticos, un Nuevo Estado Boliviano debe generar el poder nacional; es decir, el Poder Boliviano, que nos asegure el forjamiento de una Nación integrada, fortalecida y renovada; para trascender en la historia y en el concierto internacional.
Corrupción sin control estatal. Una tendencia que ha sido evidente en las jornadas de agitación y violencia para promover las autonomías departamentales en Tarija y el oriente boliviano; es la de dirigir los gobiernos autónomos departamentales, por parte de sus administradores, sin que se admita la fiscalización del gobierno central. No se puede aceptar que se desarrollen las funciones prefectorales sin un gobierno que controle y fiscalice sus actividades; porque ello no es más que aspirar a desatar un mayor estado de corrupción funcionaria descontrolada, con su correspondiente efecto en el desarrollo de una clase oligárquica partidista cada vez más enriquecida; pero, con una población local que permanece con una economía de subsistencia apenas básica y con una Nación estancada en el subdesarrollo; como viene aconteciendo desde el siglo XIX. Lo que equivale a nuevos instrumentos de enriquecimiento ilícito, a semejanza de lo que ellos mismos hacían con sus partidos neoliberales en los regímenes que fueron centralistas.
Debemos considerar que esta enumeración descrita se suscitará inmediatamente, según el caso del que se trate, o bien puede degenerar a futuro; como podría ocurrir si el gobierno del MAS, que se encuentra en la actual competencia, dejara el control del poder y en su lugar asumiese el gobierno otro partido político de derecha; o, si el mismo régimen de Evo Morales conciliara sus intereses con los gobiernos prefectorales.
Ninguno de los actores políticos ha hecho méritos para suponer que no será así; y lo serán, por supuesto, también con las autonomías.
7. La coexistencia de dos administradores de justicia, la comunitaria y la actual.
La realidad, no sólo en Bolivia, sino también en las demás naciones del mundo, es que el sistema de administración de la justicia siempre ha de ser el de uno solo, que está determinado por un poder judicial central. Es indudable, que la existencia de dos administradores de justicia, creará un paralelismo de competencia completamente inconveniente para la impartición del derecho en una sociedad.
Diré, por ello, que la invención de una justicia comunitaria, para actuar en las áreas rurales, no es más que una operación demagógica; que pretende distraer la atención del público de las verdaderas causas de la corrupción en el poder judicial y la decadencia moral generada en los demás poderes públicos. Es una suerte de novedad que se presenta para impactar psicológicamente en un público que es víctima del actual sistema político; pero, que solamente ha ocasionado que, a nombre de “justicia comunitaria”, se imponga la prepotencia de los caciques sindicales de una localidad e impere más injusticia, con la aplicación de linchamientos sin juicios, o, por lo menos, con sainetes de juicios. Con ello, se nos está introduciendo en un tipo de mayor barbarie, de la que ya estamos llevando, con la inseguridad ciudadana y las convulsiones sociales y políticas.
8. La autonomía será una corriente que nos lleve a la división de nuestro país.
A partir de los elementos incluidos en la exposición que acabo de realizar en esta entrevista, quiero presentar una visión general del proceso plurinacional y autonómico en Bolivia y sus antecedentes, como fenómeno disgregador de nuestra nacionalidad; con el fin de que sea mejor comprendido, a través de la presentación de estos puntos.
La doctrina de la polonización de Bolivia. El término de “polonización” aplicado a Bolivia, evoca el reparto que, entre los siglos XVIII y XIX, hicieron los imperios vecinos Rusia, Austria y Prusia, tomando los territorios de Polonia, eliminando su existencia como Nación del mapa. Luego de muchas revoluciones independentistas, por parte de los polacos y de una serie de sucesos históricos, este país recuperó su independencia nacional, entre 1918 y 1919. Aunque en septiembre de 1939, con el inicio de la segunda guerra mundial, los alemanes y soviéticos volvieron a repartirse el país; el cual recuperó nuevamente su existencia nacional en 1939.
En el caso de Bolivia, el término de polonización fue empleado oficialmente por el ministro chileno en el Perú Manuel Salinas, en 1898, durante la presidencia de Federico Errázuriz Echaurren de Chile. En aquella oportunidad, se planteó la desaparición de nuestro país, repartiendo las porciones de su territorio y riquezas naturales entre los países vecinos. Antes y después de 1898, diversos políticos, pertenecientes a la oligarquía chilena, se plantearon este reparto; junto con una corriente de sistemática negación de Bolivia. Entre esos personajes, encontramos a quienes hicieron de esta corriente negadora y polonizadora, toda una doctrina geopolítica antiboliviana; tales como el mismo venezolano Andrés Bello, Mariano Egaña, Diego Portales, Benjamín Vicuña Mackenna, o, en el siglo XX, al Presidente Carlos Ibáñez del Campo y el General Augusto Pinochet Ugarte, quien trazara el Plan Alpaca, sobre el desmembramiento de Bolivia. Afines a la doctrina Salinas de la polonización boliviana, también fueron los geopolíticos de Argentina y Brasil, e, inclusive, el historiador español Badia Malagrida, que fue quien formuló aquella falacia de que Bolivia era un “absurdo geográfico”.
La toma del anillo exterior territorial boliviano. Ya se dieron intentos de invasión de nuestro país, por parte de Brasil, antes de nuestra fundación como nuevo Estado, el 6 de agosto de 1825. Después de la fundación de Bolivia, también lo hicieron Perú, Argentina y Chile. Intentos de cercenamiento territorial que fracasaron, debido a que nuestra Nación todavía se mantenía fuerte en el orden interno. Sin embargo, instigados también por los intereses británicos, comenzaron a tener éxito, a partir del progresivo debilitamiento interno, que comenzó a tener efecto desde el régimen despótico del Presidente Mariano Melgarejo.
El proceso de la toma del anillo exterior territorial boliviano comienza en el año de 1879, con la invasión chilena a nuestro territorio marítimo del Litoral; esto logra, no sólo arrebatarnos las riquezas en huano y salitre de la zona, sino también, cumplir con el principal objetivo de cerrarnos el acceso al Océano Pacífico. De modo que Bolivia quede enclaustrada, en calidad de país mediterráneo, para ocasionarle grandes daños económicos de manera permanente.
Luego de esta operación, que logra la deliberada asfixia geográfica boliviana; veremos que se suceden las capturas del resto de los territorios del anillo exterior, mediante tratados de entreguismo y guerras; como son los casos del Matto Grosso y el Acre para el Brasil; Amarumayu para el Perú; el Chaco Central, la Puna de Atacama y los territorios del sur tarijeño para la Argentina, y, finalmente, el círculo se cierra, con la toma del último territorio boliviano del anillo exterior, como fue la región del Chaco Boreal, con el ataque de Paraguay, en la guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935. Notemos que, detrás de las invasiones de Chile, en 1879 y la de Paraguay en 1935; es decir, la primera y la última invasión, se encuentran los intereses que los espolearon, como fue el de las empresas británicas. El cumplimiento del plan polonizador de captura del anillo exterior territorial quedó realizado cabalmente.
La captura del núcleo interior territorial boliviano. Los primeros gobiernos bolivianos, presididos por el Mariscal Antonio José de Sucre, el Libertador Simón Bolívar, el Mariscal Andrés Santa Cruz y el Mariscal José de Ballivián; dieron a Bolivia una vida inicial de progreso económico y los primeros pasos para la industrialización. Sin embargo, los gobiernos posteriores, con muy pocas excepciones en el siglo XIX, fueron sucedidos de una serie de regímenes que se encargaron de introducir a la Nación en un proceso de decadencia, que, por supuesto, también le costó la pérdida de territorios. A partir del gobierno de Manuel Isidoro Belzu, hasta el presente, se ha mantenido al país en un estado de estancamiento económico, y debacle social, con una tendencia permanente de no industrializar nuestros recursos naturales y sosteniendo una economía eminentemente extractiva. Con ello, también se ha mantenido un desigual desarrollo de los departamentos de Bolivia y sus regiones, sin lograr la articulación e integración de nuestro territorio.
Como una continuación de esta línea histórica de decadencia nacional; se produce en 1952, el inicio de una siguiente etapa, con el nacimiento de una nueva oligarquía que desplaza a la anterior oligarquía minera y feudal. Esta neo oligarquía, empoderada mediante la corrupción funcionaria y el entreguismo de nuestras empresas estatales, así como con el financiamiento y protección de los Estados Unidos, inicia el Proceso Destructivo Nacional, que, en una progresión continua, genera las siguientes etapas de este proceso. Así, el Proceso Destructivo Nacional continuó con las etapas 1952-1964, con el régimen dictatorial del MNR; después, entre 1964-1985, mediante dictaduras militares y alternancias democráticas; más tarde, desde 1985, instauran el modelo neoliberal, que continúa hasta ahora; pero, a partir del año 2005, se introduce a Bolivia en una siguiente etapa, que es la del modelo neoliberal plurinacional y autonómico. Esto quiere decir que, después de la toma del anillo territorial externo boliviano, por medio de tratados y guerras, hoy se está operando la captura del núcleo interior territorial boliviano; mediante un trabajo de disgregación interna, que está aplicando la doctrina chilena sobre la polonización de Bolivia, efectuada mediante el estado plurinacional y autonómico.
Centralismo del poder mundial y la atomización de las sociedades. El mundo está dirigido por las potencias centrales europeas, presididas por los Estados Unidos de América. En tal condición, crearon y controlan las organizaciones mundialistas, como la ONU, BM, FMI, BID, G-8, etc.; lo que les permite dirigir la política internacional y manipular la política interior de los países subdesarrollados, y, aún de otras naciones fuertes. Asimismo, han logrado crear organizaciones de empresas transnacionales y fuerzas políticas dominantes, junto con las cuales coordinan el dominio mundial. Estas agrupaciones de empresas transnacionales son dos, como es el grupo Bilderberg, que reúne a empresarios y políticos con preeminencia norteamericana, sucedidos de sus colegas ingleses y europeos; la otra, es una ampliación del grupo Bilderberg, llamada la Comisión Trilateral, que, además de la supremacía euronorteamericana, está acompañada de la presencia de empresarios y políticos japoneses y coreanos, entre otros.
Con este despliegue de poder, son, desde luego, capaces de proyectar una ideología de dominación, consistente en constituirse en un super estado que se imponga sobre los demás estados nacionales. Es por ello, que este poder mundial promueve, dentro de su ideología hegemonista, otros puntos como la desfronterización, que es la desaparición de las fronteras nacionales; asimismo, la cesión de las soberanías nacionales, por la que un Estado cede la posesión de parte o la totalidad de su territorio al control de los organismos internacionales, o su entrega a las corporaciones multinacionales; otro punto es que los estados deben descentralizarse, para permitir que las entidades extranjeras operen en aquellas áreas que estos estados les entreguen. Ahora bien, esta ideología universalista también postula la desaparición venidera del Estado-Nación, como si se tratase de algo inútil y ya obsoleto, para dar lugar a lo que ellos llaman la soberanía de empresas y organizaciones globales; junto con estos lineamientos, también propugnan que las sociedades nacionales deben “atomizarse” interiormente; es decir, que sus constituciones deben ser reformadas para permitir que sus regiones sean gobernadas por personeros que actúen de manera independiente del Estado central. Este es uno de los verdaderos móviles que inspiran a las autonomías regionales y departamentales en Bolivia; que nuestra Nación sea atomizada y luego desmembrada para eliminarla.
El reemplazo del Estado Nación, dirigiría hacia un proceso en el cual se realice, lo que los círculos de poder euronorteamericano llaman el estado región; el cual, a su vez, sea llevado en el futuro a constituir el estado mundo. Esto se enseña en las carreras relacionadas con el tema de la política mundial, en las universidades norteamericanas, por lo menos desde los años cincuenta. Esto significa que, mientras una Nación como Bolivia es descentralizada, autonomizada y, por consiguiente, atomizada; en cambio, el régimen de dirección mundial se centraliza cada vez más y aumenta un poder abusivo de control sobre una Nación en estado de dispersión.
Por estas razones, diversos portavoces nacionales y extranjeros, han declarado, en el pasado y el presente, contra la soberanía nacional y, aun contra la misma existencia de Bolivia. Esto sucedió con un Presidente Víctor Paz Estenssoro, quien, al inaugurar el modelo neoliberal dijo “Bolivia se nos muere”, dejando la constancia de sus actos destructivos de nuestra nacionalidad. Gonzalo Sánchez de Lozada, también en su primer mandato, calificó a nuestro país que “Bolivia es un país inviable”; o, como cuando el Presidente reemplazante de Hugo Banzer, Jorge Quiroga Ramírez, afirmó, en la XI Cumbre de países latinoamericanos, que, “El concepto de soberanía es un asunto obsoleto”. Junto con ellos, los dirigentes del autonomismo también proclamaron la independencia de las regiones y aún atacaron la existencia nacional. Esta misma clase partidista también promovió la idea de que “en Bolivia no se ha construido un Estado Nacional” o que “en Bolivia no existe Estado”. Continuando con esta doctrina de la polonización de Bolivia, los analistas argentinos, chilenos y brasileros dijeron, en diferentes oportunidades, que Bolivia “es un Estado no logrado”.
Estas frases de agentes nacionales y extranjeros, no casualmente, son las mismas que también pronunciara, en diversas oportunidades, la señora Condolezza Rice, que fuera la Secretaria de Estado del Gobierno de George Bush. Así, pues, lo que ha sucedido en el proceso anticonstitucional 2005-2010, es la aplicación de esa tendencia globalista de dominación sobre las naciones.
Un estado plurinacional y autonómico polonizador. El significado de “plurinacional” es el de varias naciones; así como, el significado de autonomía es el de gobierno propio. La nueva Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009, nos indica en sus artículos 1, 2, 8 y 30, que cada una de las 36 etnias, aunque tengan pocos miembros, son una nación individual. Esto lleva a la conclusión que, cada una de estas, representaría una micronación dentro de una Nación que es Bolivia, y, además, que cada una de estas micronaciones debe regirse por un gobierno autónomo. Eso no significa otra cosa que Bolivia está siendo subdividida en 36 pedazos. A esto, sumamos que las autonomías conllevan el riesgo de un gobierno propio que podría desligarse, por el separatismo, del Estado central. Una ecuación de carácter político y jurídico, nos lleva a la conclusión de que, las plurinacionalidades, sumadas a los gobiernos autónomos departamentales, dan por resultado una Bolivia fraccionada meticulosamente en 45 pedazos.
Este fraccionamiento de Bolivia es, por lo tanto, el cumplimiento de la doctrina chilena polonizadora de Bolivia, ya propugnada por Manuel Salinas en 1898. Las autonomías son una exigencia extranjera, en su relación con el estado plurinacional y las 36 etnias. De manera que, la constitución masista, con 36 micronaciones y más, consagra nuestra desarticulación en lo presente y futuro. Observemos que este fraccionamiento ni siquiera se había dado con los países como Yugoslavia y la URSS, que, de origen eran, por lo menos, estados independientes, antes de federarse.
Para llevar a su consumación la desarticulación nacional, el proyecto de constitución que el MAS presentó a su Asamblea Constituyente y al Congreso Nacional, ya eliminaba la condición de Nación y República que tenía Bolivia, pues no la mencionaba en parte alguna de su texto; de manera que sus dirigentes intentaban ya convertir a nuestro país en un simple conglomerado plurinacional de 36 etnias. Sin embargo, en las deliberaciones realizadas en el Congreso Nacional, de todas maneras hubo congresistas que reclamaron por esta pretensión destructora de la bolivianidad, y, no tuvieron más opción que, por lo menos, reformar los artículos 3 y 11 del proyecto oficialista de la nueva CPE. De este modo, por lo menos; se indica, en la nueva CPE, en el artículo 1, la expresión “Nación boliviana” y, en el artículo 11, dice “La República de Bolivia”. Entre todas las contradicciones jurídicas que contiene esta nueva CPE, señalaré que, por esas objeciones congresales, ha quedado una situación de contradicción, entre un artículo 1, que señala a Bolivia como un estado plurinacional y un artículo 3, que habla de una Nación boliviana; así como el del mismo estado plurinacional, en contradicción con la calidad de República, que menciona el artículo 11.
En conclusión, los bolivianos podemos continuar aún reclamando por estas contradicciones, y, que, en materia constitucional, de derecho y política, todavía debemos buscar la implantación de un Nuevo Estado y lograr reformas constitucionales coherentes, para cambiar la actual CPE incoherente, contradictoria, con vicios legales y divisionista. Porque Bolivia no fue de origen, en su constitución como nuevo Estado, una pluralidad de estados, naciones ni estados étnicos.
9. La población boliviana no está preparada social, económica e interculturalmente para la implementación de las autonomías.
Los actos delictivos de los cuales estuvo rodeado todo el proceso constituyente y autonómico, perpetrados por los miembros del oficialismo y la oposición; que nos trajo lo que ya había apuntado; como los actos terroristas; fraudes electorales; violaciones de los derechos humanos; convulsiones sociales; utilización de turbas por ambas partes, con prácticas de intimidación y violencia contra sus respectivos adversarios; nos demuestran que existe una clase política que no cuenta con la integridad y madurez política como para conducir las autonomías hacia un destino acorde con las necesidades económicas y sociales de la población boliviana.
Los actos referendarios y la implantación de las autonomías han representado un gran derroche de dinero, que pudo emplearse, más bien, para efectuar políticas de soluciones económicas y sociales para la urgente pobreza que afecta el agro y a las mismas urbes. La misma pobreza causará una explosión social que será aprovechada por los autonomistas separatistas. Las autonomías no serán otra cosa que la administración regionalizada de la pobreza del país, sin beneficio de índole alguna; como no sea para los dirigentes y autoridades del autonomismo, que es en realidad, para cuyo beneficio personal se han realizado las autonomías regionalistas. Por estas razones, aseguro que las autonomías departamentales y regionales jamás serán convenientes para la Nación boliviana.
10. Ninguna clase de autonomía es recomendable para Bolivia.
Debo decir que, fundamentado en las respuestas que di a las preguntas anteriores, nuestro país presenta una realidad histórica, geopolítica y actual, en que no existe clase alguna de autonomías que fuera conveniente para el; pues significa un riesgo inminente para su propia existencia, a causa de la fragmentación nacional que representa.
11. Conclusiones.
Aún queda por realizar la aspiración nacional de construir el Nuevo Estado Boliviano. En este sentido, debemos proyectar soluciones nacionales que ya no pueden provenir de la improvisación. Lamentablemente, incluso hoy tenemos una Constitución improvisada, que es un resultado de tantos decenios de políticas nacionales sin planes ni proyecciones.
Considerando los factores históricos y geopolíticos para la existencia trascendental de Bolivia, estas bases deberían servirnos para la construcción de un nuevo sistema político y económico en Bolivia, que nos lleve a salir del subdesarrollo. Estos factores son los que debemos analizar para proyectar la política nacional y arribar a la realización de mejores trabajos que nos lleven a reformular otra Constitución Política del Estado, que nos sirva como puntal para edificar una Nación unida y con futuro, para una sociedad con realizaciones en materia de solidaridad y justicia social. Esto debe dirigirnos a generar el Poder Boliviano, el Nuevo Estado Boliviano, el Nuevo Estado Geopolítico; bajo una conciencia bolivianista, sustentada en una ideología nacionalista, no comprometida con consigna extranjera alguna; sino como un resultado de una visión de nuestra propia autenticidad nacional. Y que este camino sea basado en fundamentos cristianos que nos lleven a construir la nueva Nación boliviana sin anarquía, sobre basamentos del derecho y la justicia.
La territorialidad es el límite geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Este es un concepto que debemos tener muy en cuenta, al considerar los temas que hoy ocupan a los actores políticos extranjeros y nacionales, en relación con nuestro país, e, incluso, con las naciones del mundo; por cuanto afectan a la soberanía, existencia y seguridad nacionales. Me refiero a los temas como el neoliberalismo, la globalización, la conformación de bloques internacionales e intervencionismo extranjero; los cuales se traducen en corrientes ideológicas y acciones políticas externas e internas sobre un país, que buscan violar las soberanías nacionales, así como suscitar tendencias hacia la disgregación interna de una sociedad.
Este problema es el que está sucediendo con Bolivia, a través de las autonomías regionales, departamentales e indígenas, que están interactuando con el recientemente instaurado estado plurinacional. Agentes nacionales, empujados por elementos extranjeros, son quienes están atentando contra la existencia de Bolivia, modificando inclusive, el significado de territorialidad; de manera que este sea aplicado en el exclusivo sentido de la soberanía que una etnia o las gobernaciones locales ejerzan sobre la región que habitan, como si ya se tratase de una territorialidad con soberanía propia, que pueda discutir la autoridad del Estado nacional.
2. Los principales problemas y obstáculos para las autonomías regionales y departamentales.
Los problemas que presentan las autonomías regionales y departamentales son tres. El primero, es de índole política; el segundo, es de tipo socioeconómico; y, el tercero, es de origen jurídico.
El obstáculo político se presenta mediante el actual gobierno de Evo Morales, el cual trata de absorber las gobernaciones departamentales y erradicar a los gobernadores opositores, centralizando, de todos modos, el poder. La Ley transitoria de las autonomías es un ejemplo de ello, en consonancia con los juicios anunciados contra los gobernadores electos de Beni, Pando y Santa Cruz. Esto está acompañado de un equilibrio político que se ha presentado entre oficialismo y oposición, al contraponerse mutuamente en las gobernaciones y alcaldías, con las autoridades que las encabezan y las asambleas departamentales y los concejos municipales.
El segundo problema, que es de naturaleza socioeconómica, se presenta con la inconmovible realidad de que el estado plurinacional y los gobiernos autonómicos no son capaces, ni lo serán en el futuro; de solucionar los urgentes problemas de pobreza, desempleo, salarios bajos, vivienda, las mejoras en educación, servicios, justicia y toda la situación de debacle económica y social en Bolivia. Las autonomías regionales y departamentales no son las panaceas para solucionar problema alguno en Bolivia; sino por el contrario, ya los están profundizando. En realidad, todo el despliegue demagógico de realizar referéndums, constituyente, elecciones de todo y por nada, no ha sido más que una cortina de humo que, además de buscar la autodestrucción nacional, sólo quiere encubrir la ruinosa situación material en la cual todavía se encuentra nuestra Nación. Por supuesto, pese a ello, las autonomías regionalistas seguirán siendo instrumentos destructivos en manos de los intereses políticos de sus operadores.
El tercer problema se plantea con la cuestión de la legalidad de las autonomías; pues, no debemos perder de vista que todo el proceso de las autonomías locales, la Asamblea Constituyente, los referéndums y los estatutos departamentales; se ha llevado a cabo en medio de actos delictivos, masacres, fraudes electorales sin resolver, sin un Tribunal Constitucional que vele por la legalidad del proceso 2005-2010, violando el gobierno la misma convocatoria presidencial a la Constituyente, actos atentatorios contra la CPE vigente desde el año 2004, rebelión de las Cortes Departamentales Electorales contra la Corte Nacional Electoral y que el año 2009 el Congreso Nacional hubiera tomado las atribuciones constitucionales que le correspondían a la Asamblea Constituyente para aprobar la nueva Constitución Política del Estado; sólo por citar los más relevantes, en un somero recuento general.
Si en Bolivia existiera un verdadero Estado de Derecho, el cual no existe desde hace muchas décadas; estos hechos deberían ser investigados, nombrarse comisiones fiscalizadoras y reclamar por todos los actos delictivos que se cometieron, por parte del gobierno y de la oposición; pero, no existe un auténtico régimen de justicia, ni las instituciones encargadas por Ley que estuvieran dispuestas a hacerlo. En su lugar, lo que existe es un régimen de impunidad, complicidad, encubrimiento mutuo y de corrupción; tanto en el actual gobierno como en los anteriores, sean estos democráticos o dictatoriales, civiles o militares.
En consecuencia, el llamado estado plurinacional, su constitución y las autonomías localistas, deberían ser nulos de pleno derecho y sujetarse los culpables a juicios de responsabilidades y penales. Los protagonistas de estos hechos, son, entre estas cosas, culpables de haber cometido actos anticonstitucionales que comprometen a los componentes de los tres poderes del Estado.
3. No es conveniente que en el país existan autonomías regionales y departamentales.
Este punto, por su importancia, requiere que lo exponga con alguna amplitud, que nos permita comprender con mayor precisión, el contexto de hacia dónde se dirigen las autonomías regionales y departamentales en Bolivia.
Para responder a esta pregunta, consideremos si se conocen o no los objetivos hacia los cuales nos deberían dirigir las autonomías regionales y departamentales, y veremos que son desconocidos para la población boliviana; por la sencilla razón que no se orientan a rumbo alguno, como no sea el de propiciar la disgregación nacional. Sobre esta apreciación y la respuesta que presenté a las dos preguntas anteriores, quiero decir que existen tres aspectos fundamentales que debemos considerar, para analizar el tema de las autonomías.
Estos tres aspectos son: el factor geopolítico nacional, la realidad socioeconómica de Bolivia y el problema de la desarticulación nacional.
El aspecto geopolítico. Al aclarar conceptos, diré que la geopolítica es una ciencia nueva que estudia el rol histórico de la Nación y el Estado, en relación con la influencia del factor geográfico, para diseñar una política de poder nacional y una política internacional. Bolivia es una Nación Estado que ocupa el centro geoestratégico sudamericano; la cual es una posición geográfica que, como núcleo de una masa subcontinental, le ha posibilitado concentrar una integralidad de diversos recursos naturales, en el orden agrícola, mineral, energético e hidrográfico y una gran variedad climática y étnica. Las autonomías pasan por alto esta cualidad geopolítica de centro geoestratégico, concentración de riquezas e integralidad geográfica del territorio boliviano; provocando la dispersión, en lugar de la integración territorial.
Por razones eminentemente geopolíticas, Bolivia requiere de un Estado integrador para dominar este territorio nuclear, diverso y rico; con el fin de promover la producción, industrialización de recursos, generación de fuentes laborales y consiguiente política de comercio exterior. Esa misma condición de núcleo central geográfico, le ha proporcionado a Bolivia la triple condición hidrográfica de pertenecer a las cuencas altiplánica, amazónica y rioplatense; una situación que no tienen las naciones que nos circundan. Asimismo, nuestro territorio nuclear geoestratégico se encuentra en una posición de acceder a los océanos Atlántico y Pacífico, por aquellos brazos hidrográficos. Esto caracteriza a nuestra Nación como andina, amazónica y rioplatense.
Sobre estas bases geopolíticas, nuestro país tiene las condiciones naturales para realizar su rol histórico de núcleo geoestratégico subcontinental, para dirigirse a representar un importante centro de influencia y equilibrio de poder sudamericano. Pero, las autonomías regionales y departamentales se dirigen a frustrar el cumplimiento de este rol histórico central y equilibrador; al representar la dispersión de esfuerzos y dinero, desperdiciados en los localismos, y promoviendo la disgregación y consiguiente desmembramiento territorial de Bolivia. Como Nación, necesitamos, más bien, que existiese un trabajo de integración entre el Estado y las regiones; para emprender unitariamente nuevos proyectos de desarrollo nacional, en armonía con el desarrollo regional y departamental.
La realidad socioeconómica de Bolivia. En lo referente al segundo aspecto, toda nueva forma de organización política del sistema que se implante en un país, debe ser dirigida para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Bolivia no está en condiciones de asumir formas de organización política y administrativas insustanciales, que a nada eficaz se dirijan. Entonces, preguntémonos si la implantación de las autonomías regionales y departamentales, tendrán como efecto la transformación social y económica de la Nación; es decir, que se oriente hacia algún objetivo trascendental. Preguntemos a los que se encargaron de promover las autonomías, junto con el estado plurinacional, si estas dos medidas políticas van a solucionar el problema de la productividad, el desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el éxodo de los bolivianos hacia otros países buscando cómo subsistir, etc. Porque, un régimen que se titula como plurinacional, junto con las autonomías, no son útiles en modo alguno si no van a impactar en la solución de nuestro retraso económico.
Por lo tanto, plurinacionalidad y autonomías pueden sonar muy bien en el vocabulario político, pero son absolutamente inútiles; porque no generarán empleo, no erradicarán la pobreza social, no nos sacarán del subdesarrollo, ni solucionarán otro gran problema nacional como es el de generar un mercado laboral para los profesionales en sus diferentes disciplinas; y, en consecuencia, no llevarán a la Nación boliviana al cumplimiento de su rol histórico. Por lo pronto, el resultado social y económico de todo el proceso plurinacional de la izquierda masista y autonómico de la derecha opositora; es que se desenvolvieron en medio de una situación, cuyo resultado fue que la pobreza aumentó en Bolivia en un 50% y el mercado laboral quedó paralizado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; como lo publicaron los medios de difusión y los analistas económicos, el 3 de marzo de 2010. Es decir, que, en lugar de avanzar hemos retrocedido; esto es lo que jamás reconocerán los portavoces de oficialismo y oposición; quienes no son otra cosa que los continuadores del modelo neoliberal, el cual causó tanto daño económico a nuestra Nación. Preguntémonos algo más; como por ejemplo ¿para quienes mejoraron las condiciones económicas de vida, en estos cuatro años de fiesta autonómica; si para los dirigentes cívicos y los políticos autonomistas o para la población? Por eso, sostengo que jamás será conveniente la existencia de las autonomías regionales y departamentales para Bolivia.
Cuando fue inaugurado el modelo neoliberal en 1985, bajo los auspicios de la partidocracia compuesta en aquél entonces, por MNR, ADN, MIR y sus demás asociados; lo hicieron con un gran despliegue de alardes triunfalistas. Los administradores del poder, en aquel tiempo, dirigidos por el economista norteamericano Jeffrey Sachs, experto del Fondo Monetario Internacional (FMI), nos dijeron que los resultados de sus enormes beneficios hipotéticos para todos los bolivianos, serían evidentes en veinte o veinticinco años. Sin embargo, el resultado que arrojó este modelo, que, aún con Evo Morales y el MAS en el poder, continúa vigente; fue el crecimiento de la pobreza, el desempleo, cierre de empresas públicas y privadas; además de hundirnos en el subdesarrollo, junto con movilizaciones sociales cotidianas y el saqueo de nuestro patrimonio nacional. Por añadidura, los mismos perpetradores del modelo neoliberal, como Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvieron que huir del país, ante el descontento social cada vez más creciente, con las movilizaciones sociales que se efectuaron en octubre del año 2003. Tal es la farsa de siempre en Bolivia, que nos presentan sistemas políticos con ilusorios resultados a plazo impreciso; para que la población no vea las consecuencias presentes, a mediano y largo plazo; que siempre son desastrosas para nuestro país; porque son dirigidas desde el extranjero, exclusivamente para satisfacer los intereses foráneos y el de sus agentes nacionales.
Manteniendo aquella continuidad, los mismos partidos políticos, hoy reciclados y actuando con diversos disfraces; promueven el modelo de las autonomías con un impresionante despliegue de dinero y gran fanfarria; sin embargo, ya nos están entregando un país dividido, con inseguridad ciudadana y en mayor dependencia y subdesarrollo. Han convertido a las autonomías en el nuevo tipo de anzuelo para pescar incautos que los respalden, sin importarles las consecuencias de lo que hoy están haciendo contra Bolivia.
El modelo neoliberal plurinacional y autonómico en Bolivia, como disgregador. Lo que estamos viviendo hoy, con las autonomías y el estado plurinacional, no es otra cosa que una secuencia que forma parte del proceso destructivo nacional iniciado en 1952, por el MNR; el mismo partido, que, junto con sus derivados, como MIR, ADN y la partidocracia reinante de izquierda y derecha, son los autores del modelo neoliberal. Ahora, este proceso continúa con la implantación del modelo autonómico, realizado por los mismos instrumentos políticos. Y, no es casualidad, que también, ayer como hoy, el Departamento de Estado norteamericano, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros poderes internacionales; sean quienes promuevan y apoyen la instauración de su reciente modelo neoliberal plurinacional y autonómico en Bolivia.
Las autonomías regionales y departamentales son un instrumento de divisionismo y consiguiente desarticulación de Bolivia, según la doctrina chilena de la “polonización de Bolivia”, ya preconizada por el poder plutocrático y político de Chile, en el siglo XIX. Es un trabajo de confrontación interna que se está desarrollando dentro de nuestro país, para parcelarnos regionalmente y entregar paulatinamente porciones de nuestro territorio, en manos de las potencias sudamericanas que nos rodean, así como para las potencias centrales del planeta, sus empresas transnacionales y los organismos internacionales creados por estas. Este es un trabajo que se viene realizando en diferentes etapas históricas de nuestra República, incluso antes de nuestra propia existencia fundacional en 1825. No es por eso, casualidad, que, al promover las autonomías, los grupos de agitación empleasen las consignas de conseguir la independencia de los departamentos; como si se tratase de lograr la independencia de naciones separadas de Bolivia. Asimismo, estos promotores albergan en las prefecturas y los movimientos cívicos a personajes que, desde hace varios años, lanzan consignas separatistas públicas, escriben libros sobre pretendidas emancipaciones de Tarija y los departamentos del oriente boliviano, y, contra la existencia misma de Bolivia como Nación.
Es por ello, que las autonomías están siendo ejecutadas junto con la implantación del estado plurinacional. En el proceso actual, se está llevando a cabo una labor de desbolivianización de nuestra nacionalidad, empleando diversas estratagemas; como la de estancarnos en el subdesarrollo, generar mayor caos social interno, someternos a la pobreza, la dependencia extranjera y la deuda externa; y, vivir en la incertidumbre, junto con la confrontación regional, entre ciudades como La Paz y Sucre, de facciones políticas y de odio racial, cualquiera que fuera su origen.
El estado plurinacional y sus autonomías han sido edificados sobre la ilegalidad, la anarquía y los cadáveres de sus víctimas en Sucre, El Porvenir y otros lugares de nuestro país.
No es tampoco fortuito, que esta desbolivianización sea operada, buscando reemplazar, incluso, a la bandera tricolor boliviana, con banderas locales y la llamada “wiphala”; la cual no es otra cosa que una bandera ajedrezada, empleada por los tercios reales españoles, durante la colonia. Es decir, una bandera colonialista, a la que se hace pasar por autóctona; para desplazar a nuestro auténtico símbolo ancestral y nacional, como es la tricolor boliviana, cuyos colores fueron inspirados en las flores autóctonas, la kantuta y el patujú; que representan, cada una, al occidente y el oriente respectivamente, y son, por consiguiente, nuestros emblemas originarios de la unidad nacional.
Como se puede ver, existen amenazas extranjeras alrededor de nuestro país, que buscan aquella captura de nuestros recursos naturales, como son el hierro, litio, cobre, estaño, gas, riquezas agrícolas, recursos hídricos y energéticos y toda la diversidad de riquezas que caracterizan a Bolivia. Por estas razones, no conviene tener un Estado dividido en regiones autonomizadas, porque ello nos lleva hacia la dispersión de esfuerzos políticos y sociales y de recursos materiales. Debemos, más bien, considerar que necesitamos regirnos por un Sistema Integral, que transforme toda la vida nacional, con su economía, la productividad y sus efectos en la construcción de una sociedad boliviana regenerada y unida.
4. Diferencia entre una descentralización política administrativa de una autonomía.
Debemos comprender que la descentralización política administrativa se refiere al sistema político y económico que opera la transferencia de la autoridad del Estado sobre diversas entidades públicas, servicios, recursos naturales y bienes gubernamentales; para disponerlos en manos de entidades privadas y administraciones locales.
En el caso de una autonomía, se trata de que diversas regiones del país, que varían según como se organice una Nación, tales como departamentos, provincias, municipios u otras subdivisiones territoriales; adquieran un nuevo tipo de gobierno local, con estatutos y administración propios, que elige sus propias autoridades y se encarga de administrar las entidades públicas, servicios y recursos que antes se encontraban en manos de un gobierno central.
Indudablemente, la descentralización política administrativa del Estado puede desarrollarse de acuerdo con las autonomías locales y encaminarse a establecer un sistema federal de gobierno. Por lo tanto, una descentralización, autonomías y federalización pueden variar en el sistema aplicado a un país de otro; estableciendo los mismos las condiciones en que deben funcionar; que pueden ser variantes entre mayor o menor grado de descentralización, autonomías o federalismo.
5. ¿Podría implementarse en el país algún otro modelo que sea compatible con las autonomías regionales y departamentales, tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural de sus habitantes?
En realidad, veo que cualquier modelo que pudiera instaurarse en Bolivia, como podría ser el caso del federalismo; al cual los detentadores del poder internacional procurarían llevarnos, después de la actual implantación de las autonomías regionales y departamentales; no es compatible con la delicada situación en la que se encuentra nuestra Nación, con los peligros internos y externos que se ciernen sobre ella.
Por el contrario, la diversidad étnica y cultural de Bolivia es una ventaja que se nos presenta como pueblo, con el fin de integrar a todos los habitantes de nuestro territorio, en todas sus razas, regiones y clases sociales; con el fin de dirigirnos hacia los objetivos nacionales que debemos diseñar, para actuar unitariamente en pos de un propósito común, que es el de regenerarnos, superarnos y fortalecernos nacionalmente.
Esta pluralidad étnica y cultural tiene que ser el germen de la integración nacional, actuando sobre nuestra variada geografía y climatología; en la que los hombres de Bolivia construyan una sociedad cohesionada, que actúe en cada región del país, para producir una revolución política, económica, social, cultural, educativa y moral, que nos proyecte incluso, internacionalmente.
Es decir, frente al actual estado plurinacional y autonómico disgregador, debemos edificar un Nuevo Estado Integral y cohesionador de nuestra nacionalidad.
6. Aspectos negativos que deberían evitarse en el caso de una aplicación de las autonomías en Bolivia.
Veamos que junto con la instauración de las autonomías en Bolivia, los manipuladores de esta situación, han provocado artificialmente los enfrentamientos entre La Paz y Sucre; así como la confrontación regionalista entre el oriente y el occidente, en concordancia con el incentivo del odio racial entre los bolivianos. También observemos que la neo oligarquía partidocrática en el oriente, quiso utilizar el camino de la sedición, con el grupo de Eduardo Rozsa, por ejemplo; para llevar a cabo sus propósitos separatistas, que tantas veces ha declarado con descaro.
Estando ya en proceso el problema de las autonomías, es preciso que en Bolivia sea generada una nueva conciencia nacional, que trabaje por la erradicación de los vicios de disgregación nacional, que describo en el anterior párrafo.
Lo anteriormente dicho nos conduce, asimismo, a concluir que Bolivia corre el peligro de ser la víctima de las fuerzas sectarias de oficialismo y oposición; quienes ya en toda la vida política del país demostraron su carácter corruptible y antinacional; una conducta que, por supuesto, no nos garantiza que fuera a ser diferente en la siguiente etapa de gobiernos autonómicos. Por ello, los vicios en la aplicación de las autonomías regionales, conllevaría los siguientes riesgos para el país:
Feudos económicos locales. Llevar a la conversión de cada departamento o región autonomizados, en feudos económicos controlados por las oligarquías o caciques sindicales locales, los cuales actuarían en correspondencia con la partidocracia dominante del lugar, bajo la protección del gobierno prefectoral departamental o la entidad regional de que se trate. Esto puede incluir la explotación empresarial sobre los trabajadores con protección prefectoral, y un mismo tipo de explotación, como la que aún no halla solución gubernamental, en el área agrícola de ciertas zonas del trópico, que ha sido callado una vez más.
La verdadera cara del llamado poder local. Que la toma de gobiernos departamentales y regionales autónomos, sean en realidad una nueva forma de convertirse en un botín político y económico. En el anterior régimen centralizado, las prefecturas constituían un objetivo codiciable en las elecciones generales; porque mediante las alianzas políticas nacionales, los vencedores lograban acomodarse en las instituciones públicas locales y obtener cuotas de poder, para beneficiar los intereses personales y sectarios que estuvieran de turno; pero, eso si, regidos por el gobierno central al cual estuvieren sujetos, como resultado de los comicios. En cambio hoy, la nueva situación les ofrece otra manera de lograr acceder al control de las prefecturas y sus respectivas regiones, constituyéndose en un nuevo tipo de poder localista.
Poder local sin poder nacional. En Bolivia no se ha construido el poder nacional, el cual, en términos de geopolítica, significa ejercer el dominio sobre el propio territorio nacional y generar transformaciones en el empleo de sus recursos naturales, para elevar la calidad de vida de la población y repercutir en el campo internacional; así pues, el poder nacional se expresa en el orden interno y externo. Es decir, que, el actual gobierno y los regímenes anteriores, no fueron capaces de generar este poder nacional, o no lo quisieron hacer; dejándonos una Nación en estado de peligrosa debilidad interior y exterior.
En contraposición, lo que se está cometiendo es la demagogia de generar un llamado poder departamental, regional, e, incluso, étnico, exclusivamente político; que no está basado en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población local y que no alentará la productividad.
Esto significa que la partidocracia de izquierda y derecha nos estaría convirtiendo en un conglomerado de departamentos y regiones retrasadas económicamente, con gobiernos autónomos a cargo de pobladores en estado de ignorancia y pobreza; y a esto se le ha dado el gran nombre de “poder regional”. Lo que nos llevaría a una situación peligrosa, en que este “poder local” desafiaría a cualquier gobierno nacional, como ya comenzó a ocurrir con los casos de la denominada “media luna” o el aún más reciente, como fue el asesinato de cuatro policías por los comunarios de Uncía, en Potosí. Como no se ha edificado el Poder Nacional, este está siendo reemplazado por un poder local que ya aprovecha de la corrupción funcionaria, el subdesarrollo y de la pobreza socioeconómica reinante en nuestro país.
Frente a ello, en términos geopolíticos, un Nuevo Estado Boliviano debe generar el poder nacional; es decir, el Poder Boliviano, que nos asegure el forjamiento de una Nación integrada, fortalecida y renovada; para trascender en la historia y en el concierto internacional.
Corrupción sin control estatal. Una tendencia que ha sido evidente en las jornadas de agitación y violencia para promover las autonomías departamentales en Tarija y el oriente boliviano; es la de dirigir los gobiernos autónomos departamentales, por parte de sus administradores, sin que se admita la fiscalización del gobierno central. No se puede aceptar que se desarrollen las funciones prefectorales sin un gobierno que controle y fiscalice sus actividades; porque ello no es más que aspirar a desatar un mayor estado de corrupción funcionaria descontrolada, con su correspondiente efecto en el desarrollo de una clase oligárquica partidista cada vez más enriquecida; pero, con una población local que permanece con una economía de subsistencia apenas básica y con una Nación estancada en el subdesarrollo; como viene aconteciendo desde el siglo XIX. Lo que equivale a nuevos instrumentos de enriquecimiento ilícito, a semejanza de lo que ellos mismos hacían con sus partidos neoliberales en los regímenes que fueron centralistas.
Debemos considerar que esta enumeración descrita se suscitará inmediatamente, según el caso del que se trate, o bien puede degenerar a futuro; como podría ocurrir si el gobierno del MAS, que se encuentra en la actual competencia, dejara el control del poder y en su lugar asumiese el gobierno otro partido político de derecha; o, si el mismo régimen de Evo Morales conciliara sus intereses con los gobiernos prefectorales.
Ninguno de los actores políticos ha hecho méritos para suponer que no será así; y lo serán, por supuesto, también con las autonomías.
7. La coexistencia de dos administradores de justicia, la comunitaria y la actual.
La realidad, no sólo en Bolivia, sino también en las demás naciones del mundo, es que el sistema de administración de la justicia siempre ha de ser el de uno solo, que está determinado por un poder judicial central. Es indudable, que la existencia de dos administradores de justicia, creará un paralelismo de competencia completamente inconveniente para la impartición del derecho en una sociedad.
Diré, por ello, que la invención de una justicia comunitaria, para actuar en las áreas rurales, no es más que una operación demagógica; que pretende distraer la atención del público de las verdaderas causas de la corrupción en el poder judicial y la decadencia moral generada en los demás poderes públicos. Es una suerte de novedad que se presenta para impactar psicológicamente en un público que es víctima del actual sistema político; pero, que solamente ha ocasionado que, a nombre de “justicia comunitaria”, se imponga la prepotencia de los caciques sindicales de una localidad e impere más injusticia, con la aplicación de linchamientos sin juicios, o, por lo menos, con sainetes de juicios. Con ello, se nos está introduciendo en un tipo de mayor barbarie, de la que ya estamos llevando, con la inseguridad ciudadana y las convulsiones sociales y políticas.
8. La autonomía será una corriente que nos lleve a la división de nuestro país.
A partir de los elementos incluidos en la exposición que acabo de realizar en esta entrevista, quiero presentar una visión general del proceso plurinacional y autonómico en Bolivia y sus antecedentes, como fenómeno disgregador de nuestra nacionalidad; con el fin de que sea mejor comprendido, a través de la presentación de estos puntos.
La doctrina de la polonización de Bolivia. El término de “polonización” aplicado a Bolivia, evoca el reparto que, entre los siglos XVIII y XIX, hicieron los imperios vecinos Rusia, Austria y Prusia, tomando los territorios de Polonia, eliminando su existencia como Nación del mapa. Luego de muchas revoluciones independentistas, por parte de los polacos y de una serie de sucesos históricos, este país recuperó su independencia nacional, entre 1918 y 1919. Aunque en septiembre de 1939, con el inicio de la segunda guerra mundial, los alemanes y soviéticos volvieron a repartirse el país; el cual recuperó nuevamente su existencia nacional en 1939.
En el caso de Bolivia, el término de polonización fue empleado oficialmente por el ministro chileno en el Perú Manuel Salinas, en 1898, durante la presidencia de Federico Errázuriz Echaurren de Chile. En aquella oportunidad, se planteó la desaparición de nuestro país, repartiendo las porciones de su territorio y riquezas naturales entre los países vecinos. Antes y después de 1898, diversos políticos, pertenecientes a la oligarquía chilena, se plantearon este reparto; junto con una corriente de sistemática negación de Bolivia. Entre esos personajes, encontramos a quienes hicieron de esta corriente negadora y polonizadora, toda una doctrina geopolítica antiboliviana; tales como el mismo venezolano Andrés Bello, Mariano Egaña, Diego Portales, Benjamín Vicuña Mackenna, o, en el siglo XX, al Presidente Carlos Ibáñez del Campo y el General Augusto Pinochet Ugarte, quien trazara el Plan Alpaca, sobre el desmembramiento de Bolivia. Afines a la doctrina Salinas de la polonización boliviana, también fueron los geopolíticos de Argentina y Brasil, e, inclusive, el historiador español Badia Malagrida, que fue quien formuló aquella falacia de que Bolivia era un “absurdo geográfico”.
La toma del anillo exterior territorial boliviano. Ya se dieron intentos de invasión de nuestro país, por parte de Brasil, antes de nuestra fundación como nuevo Estado, el 6 de agosto de 1825. Después de la fundación de Bolivia, también lo hicieron Perú, Argentina y Chile. Intentos de cercenamiento territorial que fracasaron, debido a que nuestra Nación todavía se mantenía fuerte en el orden interno. Sin embargo, instigados también por los intereses británicos, comenzaron a tener éxito, a partir del progresivo debilitamiento interno, que comenzó a tener efecto desde el régimen despótico del Presidente Mariano Melgarejo.
El proceso de la toma del anillo exterior territorial boliviano comienza en el año de 1879, con la invasión chilena a nuestro territorio marítimo del Litoral; esto logra, no sólo arrebatarnos las riquezas en huano y salitre de la zona, sino también, cumplir con el principal objetivo de cerrarnos el acceso al Océano Pacífico. De modo que Bolivia quede enclaustrada, en calidad de país mediterráneo, para ocasionarle grandes daños económicos de manera permanente.
Luego de esta operación, que logra la deliberada asfixia geográfica boliviana; veremos que se suceden las capturas del resto de los territorios del anillo exterior, mediante tratados de entreguismo y guerras; como son los casos del Matto Grosso y el Acre para el Brasil; Amarumayu para el Perú; el Chaco Central, la Puna de Atacama y los territorios del sur tarijeño para la Argentina, y, finalmente, el círculo se cierra, con la toma del último territorio boliviano del anillo exterior, como fue la región del Chaco Boreal, con el ataque de Paraguay, en la guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935. Notemos que, detrás de las invasiones de Chile, en 1879 y la de Paraguay en 1935; es decir, la primera y la última invasión, se encuentran los intereses que los espolearon, como fue el de las empresas británicas. El cumplimiento del plan polonizador de captura del anillo exterior territorial quedó realizado cabalmente.
La captura del núcleo interior territorial boliviano. Los primeros gobiernos bolivianos, presididos por el Mariscal Antonio José de Sucre, el Libertador Simón Bolívar, el Mariscal Andrés Santa Cruz y el Mariscal José de Ballivián; dieron a Bolivia una vida inicial de progreso económico y los primeros pasos para la industrialización. Sin embargo, los gobiernos posteriores, con muy pocas excepciones en el siglo XIX, fueron sucedidos de una serie de regímenes que se encargaron de introducir a la Nación en un proceso de decadencia, que, por supuesto, también le costó la pérdida de territorios. A partir del gobierno de Manuel Isidoro Belzu, hasta el presente, se ha mantenido al país en un estado de estancamiento económico, y debacle social, con una tendencia permanente de no industrializar nuestros recursos naturales y sosteniendo una economía eminentemente extractiva. Con ello, también se ha mantenido un desigual desarrollo de los departamentos de Bolivia y sus regiones, sin lograr la articulación e integración de nuestro territorio.
Como una continuación de esta línea histórica de decadencia nacional; se produce en 1952, el inicio de una siguiente etapa, con el nacimiento de una nueva oligarquía que desplaza a la anterior oligarquía minera y feudal. Esta neo oligarquía, empoderada mediante la corrupción funcionaria y el entreguismo de nuestras empresas estatales, así como con el financiamiento y protección de los Estados Unidos, inicia el Proceso Destructivo Nacional, que, en una progresión continua, genera las siguientes etapas de este proceso. Así, el Proceso Destructivo Nacional continuó con las etapas 1952-1964, con el régimen dictatorial del MNR; después, entre 1964-1985, mediante dictaduras militares y alternancias democráticas; más tarde, desde 1985, instauran el modelo neoliberal, que continúa hasta ahora; pero, a partir del año 2005, se introduce a Bolivia en una siguiente etapa, que es la del modelo neoliberal plurinacional y autonómico. Esto quiere decir que, después de la toma del anillo territorial externo boliviano, por medio de tratados y guerras, hoy se está operando la captura del núcleo interior territorial boliviano; mediante un trabajo de disgregación interna, que está aplicando la doctrina chilena sobre la polonización de Bolivia, efectuada mediante el estado plurinacional y autonómico.
Centralismo del poder mundial y la atomización de las sociedades. El mundo está dirigido por las potencias centrales europeas, presididas por los Estados Unidos de América. En tal condición, crearon y controlan las organizaciones mundialistas, como la ONU, BM, FMI, BID, G-8, etc.; lo que les permite dirigir la política internacional y manipular la política interior de los países subdesarrollados, y, aún de otras naciones fuertes. Asimismo, han logrado crear organizaciones de empresas transnacionales y fuerzas políticas dominantes, junto con las cuales coordinan el dominio mundial. Estas agrupaciones de empresas transnacionales son dos, como es el grupo Bilderberg, que reúne a empresarios y políticos con preeminencia norteamericana, sucedidos de sus colegas ingleses y europeos; la otra, es una ampliación del grupo Bilderberg, llamada la Comisión Trilateral, que, además de la supremacía euronorteamericana, está acompañada de la presencia de empresarios y políticos japoneses y coreanos, entre otros.
Con este despliegue de poder, son, desde luego, capaces de proyectar una ideología de dominación, consistente en constituirse en un super estado que se imponga sobre los demás estados nacionales. Es por ello, que este poder mundial promueve, dentro de su ideología hegemonista, otros puntos como la desfronterización, que es la desaparición de las fronteras nacionales; asimismo, la cesión de las soberanías nacionales, por la que un Estado cede la posesión de parte o la totalidad de su territorio al control de los organismos internacionales, o su entrega a las corporaciones multinacionales; otro punto es que los estados deben descentralizarse, para permitir que las entidades extranjeras operen en aquellas áreas que estos estados les entreguen. Ahora bien, esta ideología universalista también postula la desaparición venidera del Estado-Nación, como si se tratase de algo inútil y ya obsoleto, para dar lugar a lo que ellos llaman la soberanía de empresas y organizaciones globales; junto con estos lineamientos, también propugnan que las sociedades nacionales deben “atomizarse” interiormente; es decir, que sus constituciones deben ser reformadas para permitir que sus regiones sean gobernadas por personeros que actúen de manera independiente del Estado central. Este es uno de los verdaderos móviles que inspiran a las autonomías regionales y departamentales en Bolivia; que nuestra Nación sea atomizada y luego desmembrada para eliminarla.
El reemplazo del Estado Nación, dirigiría hacia un proceso en el cual se realice, lo que los círculos de poder euronorteamericano llaman el estado región; el cual, a su vez, sea llevado en el futuro a constituir el estado mundo. Esto se enseña en las carreras relacionadas con el tema de la política mundial, en las universidades norteamericanas, por lo menos desde los años cincuenta. Esto significa que, mientras una Nación como Bolivia es descentralizada, autonomizada y, por consiguiente, atomizada; en cambio, el régimen de dirección mundial se centraliza cada vez más y aumenta un poder abusivo de control sobre una Nación en estado de dispersión.
Por estas razones, diversos portavoces nacionales y extranjeros, han declarado, en el pasado y el presente, contra la soberanía nacional y, aun contra la misma existencia de Bolivia. Esto sucedió con un Presidente Víctor Paz Estenssoro, quien, al inaugurar el modelo neoliberal dijo “Bolivia se nos muere”, dejando la constancia de sus actos destructivos de nuestra nacionalidad. Gonzalo Sánchez de Lozada, también en su primer mandato, calificó a nuestro país que “Bolivia es un país inviable”; o, como cuando el Presidente reemplazante de Hugo Banzer, Jorge Quiroga Ramírez, afirmó, en la XI Cumbre de países latinoamericanos, que, “El concepto de soberanía es un asunto obsoleto”. Junto con ellos, los dirigentes del autonomismo también proclamaron la independencia de las regiones y aún atacaron la existencia nacional. Esta misma clase partidista también promovió la idea de que “en Bolivia no se ha construido un Estado Nacional” o que “en Bolivia no existe Estado”. Continuando con esta doctrina de la polonización de Bolivia, los analistas argentinos, chilenos y brasileros dijeron, en diferentes oportunidades, que Bolivia “es un Estado no logrado”.
Estas frases de agentes nacionales y extranjeros, no casualmente, son las mismas que también pronunciara, en diversas oportunidades, la señora Condolezza Rice, que fuera la Secretaria de Estado del Gobierno de George Bush. Así, pues, lo que ha sucedido en el proceso anticonstitucional 2005-2010, es la aplicación de esa tendencia globalista de dominación sobre las naciones.
Un estado plurinacional y autonómico polonizador. El significado de “plurinacional” es el de varias naciones; así como, el significado de autonomía es el de gobierno propio. La nueva Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009, nos indica en sus artículos 1, 2, 8 y 30, que cada una de las 36 etnias, aunque tengan pocos miembros, son una nación individual. Esto lleva a la conclusión que, cada una de estas, representaría una micronación dentro de una Nación que es Bolivia, y, además, que cada una de estas micronaciones debe regirse por un gobierno autónomo. Eso no significa otra cosa que Bolivia está siendo subdividida en 36 pedazos. A esto, sumamos que las autonomías conllevan el riesgo de un gobierno propio que podría desligarse, por el separatismo, del Estado central. Una ecuación de carácter político y jurídico, nos lleva a la conclusión de que, las plurinacionalidades, sumadas a los gobiernos autónomos departamentales, dan por resultado una Bolivia fraccionada meticulosamente en 45 pedazos.
Este fraccionamiento de Bolivia es, por lo tanto, el cumplimiento de la doctrina chilena polonizadora de Bolivia, ya propugnada por Manuel Salinas en 1898. Las autonomías son una exigencia extranjera, en su relación con el estado plurinacional y las 36 etnias. De manera que, la constitución masista, con 36 micronaciones y más, consagra nuestra desarticulación en lo presente y futuro. Observemos que este fraccionamiento ni siquiera se había dado con los países como Yugoslavia y la URSS, que, de origen eran, por lo menos, estados independientes, antes de federarse.
Para llevar a su consumación la desarticulación nacional, el proyecto de constitución que el MAS presentó a su Asamblea Constituyente y al Congreso Nacional, ya eliminaba la condición de Nación y República que tenía Bolivia, pues no la mencionaba en parte alguna de su texto; de manera que sus dirigentes intentaban ya convertir a nuestro país en un simple conglomerado plurinacional de 36 etnias. Sin embargo, en las deliberaciones realizadas en el Congreso Nacional, de todas maneras hubo congresistas que reclamaron por esta pretensión destructora de la bolivianidad, y, no tuvieron más opción que, por lo menos, reformar los artículos 3 y 11 del proyecto oficialista de la nueva CPE. De este modo, por lo menos; se indica, en la nueva CPE, en el artículo 1, la expresión “Nación boliviana” y, en el artículo 11, dice “La República de Bolivia”. Entre todas las contradicciones jurídicas que contiene esta nueva CPE, señalaré que, por esas objeciones congresales, ha quedado una situación de contradicción, entre un artículo 1, que señala a Bolivia como un estado plurinacional y un artículo 3, que habla de una Nación boliviana; así como el del mismo estado plurinacional, en contradicción con la calidad de República, que menciona el artículo 11.
En conclusión, los bolivianos podemos continuar aún reclamando por estas contradicciones, y, que, en materia constitucional, de derecho y política, todavía debemos buscar la implantación de un Nuevo Estado y lograr reformas constitucionales coherentes, para cambiar la actual CPE incoherente, contradictoria, con vicios legales y divisionista. Porque Bolivia no fue de origen, en su constitución como nuevo Estado, una pluralidad de estados, naciones ni estados étnicos.
9. La población boliviana no está preparada social, económica e interculturalmente para la implementación de las autonomías.
Los actos delictivos de los cuales estuvo rodeado todo el proceso constituyente y autonómico, perpetrados por los miembros del oficialismo y la oposición; que nos trajo lo que ya había apuntado; como los actos terroristas; fraudes electorales; violaciones de los derechos humanos; convulsiones sociales; utilización de turbas por ambas partes, con prácticas de intimidación y violencia contra sus respectivos adversarios; nos demuestran que existe una clase política que no cuenta con la integridad y madurez política como para conducir las autonomías hacia un destino acorde con las necesidades económicas y sociales de la población boliviana.
Los actos referendarios y la implantación de las autonomías han representado un gran derroche de dinero, que pudo emplearse, más bien, para efectuar políticas de soluciones económicas y sociales para la urgente pobreza que afecta el agro y a las mismas urbes. La misma pobreza causará una explosión social que será aprovechada por los autonomistas separatistas. Las autonomías no serán otra cosa que la administración regionalizada de la pobreza del país, sin beneficio de índole alguna; como no sea para los dirigentes y autoridades del autonomismo, que es en realidad, para cuyo beneficio personal se han realizado las autonomías regionalistas. Por estas razones, aseguro que las autonomías departamentales y regionales jamás serán convenientes para la Nación boliviana.
10. Ninguna clase de autonomía es recomendable para Bolivia.
Debo decir que, fundamentado en las respuestas que di a las preguntas anteriores, nuestro país presenta una realidad histórica, geopolítica y actual, en que no existe clase alguna de autonomías que fuera conveniente para el; pues significa un riesgo inminente para su propia existencia, a causa de la fragmentación nacional que representa.
11. Conclusiones.
Aún queda por realizar la aspiración nacional de construir el Nuevo Estado Boliviano. En este sentido, debemos proyectar soluciones nacionales que ya no pueden provenir de la improvisación. Lamentablemente, incluso hoy tenemos una Constitución improvisada, que es un resultado de tantos decenios de políticas nacionales sin planes ni proyecciones.
Considerando los factores históricos y geopolíticos para la existencia trascendental de Bolivia, estas bases deberían servirnos para la construcción de un nuevo sistema político y económico en Bolivia, que nos lleve a salir del subdesarrollo. Estos factores son los que debemos analizar para proyectar la política nacional y arribar a la realización de mejores trabajos que nos lleven a reformular otra Constitución Política del Estado, que nos sirva como puntal para edificar una Nación unida y con futuro, para una sociedad con realizaciones en materia de solidaridad y justicia social. Esto debe dirigirnos a generar el Poder Boliviano, el Nuevo Estado Boliviano, el Nuevo Estado Geopolítico; bajo una conciencia bolivianista, sustentada en una ideología nacionalista, no comprometida con consigna extranjera alguna; sino como un resultado de una visión de nuestra propia autenticidad nacional. Y que este camino sea basado en fundamentos cristianos que nos lleven a construir la nueva Nación boliviana sin anarquía, sobre basamentos del derecho y la justicia.
Sergio Portugal Joffre
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